Hace unos días, con gran asombro y preocupación escuché a un funcionario público comentar que la imagen de México no tendría por qué lastimarse por la desaparición de 23 mil personas. Intentó relativizar esta cifra comparándola con las más de 120 millones de personas que vivimos en el país. Cito su comentario: “¿23 mil? ¿Pero de cuántos?”.
¡Vaya concepción de la realidad y del respeto a la vida de las personas!
Ante la crisis que está viviendo el Estado en materia de derechos humanos, resulta desconcertante —por decir lo menos— que tengamos funcionarios que no tienen la más mínima sensibilidad ante el sufrimiento de la gente. ¿Alguna vez pensarán en la angustia y la preocupación que este tipo de situaciones generan en los familiares y amigos de las víctimas? ¿Alguna vez entenderán el temor que la sociedad llega a sentir cuando se da cuenta que cualquier persona puede ser la siguiente víctima? ¿No imaginarán que ellos mismos pueden ser víctimas?
En temas de respeto a los derechos humanos no importa si hablamos de una, decenas, centenas o miles de personas. Todos y cada uno de los mexicanos tienen la misma dignidad y a todos se les deben garantizar sus derechos. La tarea del Estado es esa, punto.
Las estadísticas únicamente sirven para poder hacer diagnósticos precisos de los problemas públicos y, como tal, deben ser leídas. Por ejemplo, en delitos como el homicidio, a nivel mundial se usa una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes para conocer qué tan violento es un país respecto a los otros.
Seguramente para el insensible funcionario, saber que México tiene una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes debe ser una gran noticia. Para él y otros funcionarios que ven la realidad con los mismos ojos, somos un país libre de violencia y con un índice casi nulo de homicidios. Para ellos, algo digno de aplaudirse.
Pero esto cambia cuando los mismos datos son leídos desde otra perspectiva y observamos que México es el séptimo país más violento (según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), tomando en cuenta que el promedio de homicidios a nivel mundial es de 6.2 homicidios por 100 mil habitantes. Gran diferencia.
Ahora podemos entender la insensibilidad y la poca seriedad con la que el gobierno ha abordado temas como los de Ayotzinapa y Tlatlaya… ¡Y se quejan porque no se les aplaude!
Estos funcionarios están más preocupados por su propia imagen que por la de México, y no han entendido que un país no puede tener un buen prestigio internacional cuando la realidad está podrida, cuando organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas expresan que en nuestro país se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” y que el Estado enfrenta serios desafíos en cuanto a la prevención, investigación y sanción de estos hechos.
El prestigio y el honor internacional se construyen en el largo plazo con acciones firmes y estratégicas que cambien las condiciones reales de la gente. Pero esto no se logrará con funcionarios que ante un drama nacional pregunten con desenfado: “¿23 mil? ¿Pero de cuántos?”.
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