El modus operandi

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La intimidación como forma de gobierno. Quien no se someta a la voluntad presidencial debe pagar las consecuencias y servir de ejemplo para que otros piensen dos veces antes de desafiarla. Por eso los amagos y represalias se dan a la vista de todos y la hostilidad no se queda en la encendida retórica oficial.
El escarnio es la primera estación de esta pedagogía disciplinaria del temor, propia de un régimen autoritario. Parten de una convicción: discrepar es inmoral. Que alguien piense distinto al Presidente solo se lo explican por un interés malsano. Recordemos que no admiten las medias tintas, se está con su transformación o con la corrupción. Quien vea las cosas diferente es un conservador que anhela recobrar privilegios perdidos.La intolerancia se da por reflejo. Quien cuestione al líder o a sus políticas debe ser señalado y estigmatizado en redes sociales para que todos entiendan que es preferible callar críticas que exponerse a la reacción concertada de los guardianes de la “revolución pacífica”. Exhibir falsedades, incongruencias, simulaciones, fracasos o actos de corrupción del actual gobierno tiene por respuesta dañar prestigios. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo advirtió con claridad a los reporteros: “si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”.El papel de la prensa libre es revisar al poder, pero éste se vacuna victimizándose y descalificando al mensajero. El mandatario se dice el más atacado desde Francisco I. Madero, mientras el oficialismo acosa a medios y periodistas independientes, dejando constancia de que las autoridades fiscales, hacendarias y ministeriales tienen bajo la lupa a inversionistas y anunciantes.Si algo ha quedado claro es que el Ejecutivo convierte en problema personal la resistencia a sus deseos. ¿Quién quiere que el Presidente lo vea como enemigo? Eso explica que buena parte de la molestia empresarial se exprese en voz baja. Si no caben en el cielo de los consentidos con contratos sin licitar, que son la regla en la presente administración, se conforman con no estar en el infierno de los investigados por la UIF y el SAT. Si siguen siendo espectadores pasivos del deterioro económico, político y social del país, seguramente se arrepentirán después, pero es un hecho que la política de intimidación le ha servido al régimen para contener el descontento.Hemos visto a un ministro de la Corte renunciar tras congelarle sus cuentas bancarias; encarcelar a quien culpan de los videoescándalos del 2004 por un delito que no amerita prisión preventiva; a un empresario pagar millones de dólares para comprar su libertad; acusar de corruptos a los pares de Arturo Zaldívar que no avalen violar la Constitución para prolongarle el mandato; descabezar a la CRE y al Coneval por actuar con responsabilidad institucional frente a caprichos presidenciales; investigar jueces que otorgan amparos frente a leyes descaradamente inconstitucionales. La extorsión se volvió política pública.Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, lo desaforaron sin ningún fallo judicial que avale la acusación que se le hace. El único delito que le imputan en el proceso de juicio político presentado por la fiscalía es el de no pagar los impuestos correspondientes por la venta de un departamento, no obstante que se han hecho públicos los comprobantes fiscales. La mayoría morenista en la Cámara de Diputados actuó por consigna, al margen de derechos procesales, para que quede claro a los gobernadores de la Alianza Federalista cómo serán tratados si insisten en su rebeldía.Si el modus operandi es la exultante intimidación, no extraña que el Presidente haya anunciado iniciativas para desaparecer al Inai, tras decidir interponer Acción de Inconstitucionalidad contra la ley que obliga a proporcionar datos biométricos por usar teléfono celular, y a las autoridades electorales que negaron el registro a quienes no presentaron informes de precampaña y establecieron criterios para evitar que se rebase otra vez el límite de sobrerrepresentación en el Congreso. Félix Salgado Macedonio lo dijo con todas sus letras: “nos vamos a chingar bonito al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral”. Menos mal que ya no está la mafia en el poder.
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