El México de la Transición

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-"Sigue la mata dando"

-Refrán popular.

No salimos de una cuando ya entramos a otra. Pareciera que estamos en el peor de los mundos. Los hechos y el derecho van por vías paralelas, pues una cosa se encuentra en la Constitución, que dicho sea de paso, se ha reformado para bien en materia de derechos humanos y diversos rubros, pero en cuestión de su observancia dista mucho la aplicación de su contenido.

Entre múltiples anécdotas que flotan en el ambiente, ahora se suma para vergüenza nacional el caso Tlatlaya, que ha recorrido todo el mundo. Deja mucho que desear la explicación oficial sobre las veintiún ejecuciones a manos de militares, por decir lo menos, es simplista y de pena ajena, al considerarla como "un caso aislado" y punto.

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Esta herida abre nuevamente el debate en relación a nuestras instituciones: aquellas encargadas de la salvaguarda de la integridad física de las personas y de la administración de justicia. A diario nos enteramos de enfrentamientos, secuestros, ejecuciones, linchamientos, robos y violaciones a los derechos humanos. Observamos estos acontecimientos como parte de lo cotidiano, hemos perdido la capacidad de asombro y, lo peor, se vuelve una mala costumbre, nada que ver con la democracia.

Es obvio la cada vez más frecuente tendencia de romper con el estado de derecho, la fragilidad del entramado institucional, que junto con las resistencias para realizar diseños funcionales, han permitido los excesos ocasionando un grave deterioro. En efecto, de acuerdo al viejo régimen, vigente en gran parte de la República, todo gira de manera vertical, en torno al jefe en turno y, así vemos la cultura y operatividad de muchos funcionarios, quienes únicamente rinden cuentas a su padrino político.

El problema está presente, pues si bien, los avances de la transición se ubican en estrategias horizontales, con el ánimo de favorecer los equilibrios, propiciar los acuerdos y evitar los abusos de autoridad, no obstante ello, se sigue presentando la corrupción, la impunidad, la extorsión y protección solapada por quienes están obligados a ejercer la función pública con la ética y el decoro. Este síntoma solo es un efecto del deterioro que se vive en el servicio público.

Existen evidencias sobradas de lo anterior, ejemplos hay: los casos Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y muchos más, donde el que gobierna manda a costa de lo que sea. El atropellar al gobernado y escamotear sus derechos, se ha convertido en un deporte nacional.

El poder y la ambición por encima del interés general del Estado Mexicano, resulta un despropósito mayúsculo. El escalonamiento hacia la descomposición social va caminando a un ritmo que las instituciones tal como se encuentran, no podrán alcanzar y, el terreno se ve cada vez más pantanoso.

Se necesita poner orden y autoridad, bajo el imperio de la ley, romper inercias, poner atención a la justicia social y concluir la transición. El respeto por la vida, las libertades y los derechos humanos, deben ser una prioridad en este país. Se debe entender que ya superamos el país de un solo hombre, pero que aún no aterrizamos en el sistema de sólidas instituciones.


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