El principal argumento en contra de la estrategia de la administración anterior para contener la expansión de las bandas criminales y para lograr la recuperación del control territorial, consiste en que la presencia de las fuerzas federales —el despliegue disuasivo de policías federales, soldados y marinos— fue la causa eficiente de la ola de violencia que surgió y persiste en el país.
Bajo esta tesis, los operativos de contención iniciados en 2007 desataron una serie de interacciones sangrientas entre el Estado y las organizaciones criminales bajo distintas modalidades: a) enfrentamientos entre autoridades y organizaciones delincuenciales, b) rivalidades entre estas últimas, o c) disputas por el liderazgo derivadas del acoso o desmantelamiento territorial u operativo de alguna de ellas. La violencia, en consecuencia, aparece como producto de la acción del Estado, y no como la razón esencial de la intervención del Estado. De no haberse tomado esta decisión, se insiste, hubiese sido posible “administrar” el fenómeno, es decir, encapsular el narcotráfico en una dinámica de trasiego de drogas de algún punto de producción a cualquier centro de consumo.
Esta hipótesis ha estado latente en los últimos años. En buena medida, el debate sobre el “cambio” de estrategia se ha centrado ahí: expertos, gabinetes e instituciones de seguridad se han planteado sustituir la estrategia de despliegue disuasivo generalizado por una suerte de intervención por objetivos o blancos específicos. Dicho de otro modo: en lugar de que el Estado cubra un determinado territorio para inhibir y contener la acción de las bandas criminales por el tiempo que sea necesario para generar capacidades institucionales suficientes (el modelo de operativos federales), realizar acciones puntuales para debilitar a las organizaciones delincuenciales, tales como la captura o inhabilitación de sus cabezas o estructuras financieras. Entrar y salir, mejor que suplir o sustituir el vacío de autoridad en el territorio.
Intuitivamente, la tesis es seductora: si el objetivo final es debilitar al crimen organizado con los menores costos posibles, parece mejor la ruta de las acciones selectivas, de impacto contenido, quirúrgicas, esto es: intervenciones estratégicas que reduzcan la recurrencia de esas interacciones de fuego.
El problema, sin embargo, es que esa alternativa tiene una falla estructural: la ausencia crónica de capacidades institucionales para controlar los efectos derivados de cualquier acción estatal, por más precisa o limitada que ésta sea. Y ésa es, justamente, la lección de Reynosa y de Jalisco: la intervención federal para debilitar a organizaciones criminales, para la captura de sus líderes, puede derivar en auténtico caos si no hay autoridad, estrategia e instrumentales para atender las respuestas, altamente violentas, de las bandas criminales afectadas. En Reynosa y Jalisco, dos entidades en las que el gobierno federal parece haber ensayado la estrategia de “blancos específicos”, la reacción violenta fue cruenta. Y no porque la estrategia en sí misma sea incorrecta, sino porque en las condiciones actuales de debilidad institucional de los órdenes locales, no hay manera de que sea eficaz. ¿Quién se queda a cargo y con qué capacidad coactiva cuando las fuerzas federales cumplen con su misión y/o se retiran? Nadie: autoridades disfuncionales, cooptadas por el crimen, inservibles. Alcaldes como el de Reynosa que se escondió debajo de su escritorio mientras la ciudad ardía en llamas; gobernadores, como el de Jalisco, que se escudan en el pretexto de que ya habían advertido del poderío de los criminales.
No hay nada nuevo en el escenario. Enfrentamos el mismo desafío y los mismos debates sobre cómo atenderlos. Los criminales están bien financiados, poderosamente armados, y cuentan con cobertura institucional. Son estructuras paramilitarizadas, muchas de ellas formadas por desertores de las fuerzas federales o locales de seguridad. El Estado, por complicidad o por comodidad, les ha cedido el control sobre el territorio y sobre nuestra convivencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha contado con la tolerancia de las autoridades, porque alguien se creyó el cuento de que su fin era exclusivamente el negocio trasnacional de la droga y que, por tanto, harían el servicio de contener a las organizaciones particularmente violentas y que incursionan en la extracción de rentas, como los Zetas. El operativo federal para capturar a sus líderes terminó en tragedia. Se rompió un pacto de tolerancia y nadie se quedó o pudo reestablecer el orden. Ésa es la lección de Reynosa y ése es el frentazo de Jalisco.
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