“Son tan buenos perfiles todos, que la bancada del Partido Revolucionario Institucional tiene dificultades para elegir entre alguno de ellos”. Con esa afirmación, los senadores priistas justificaron su obstrucción al proceso de elección del séptimo magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mintieron. Su intención fue, desde siempre, dejar irresuelta la última vacante. Impidieron que el asunto se discutiese en el Pleno para evitar que se activara el dispositivo legal previsto para desbloquear la ausencia de acuerdo y, en consecuencia, para que la Suprema Corte enviara una nueva terna.
Se opusieron a negociar, a decidir y a asegurar que el Tribunal Electoral funcione en términos de ley. Concluyó el periodo con crispación y entre nubarrones de sospecha. Y con un nuevo ingrediente tóxico en las actuales campañas electorales.
¿Por qué el PRI se negó a resolver la elección del magistrado electoral faltante? ¿Cuál es el cálculo que conduce al partido en el gobierno a poner en riesgo el diálogo con la oposición y a introducir una variable de deslegitimación del proceso electoral? ¿Por qué sacrificaron las decisiones sobre la “Ley Ficrea”, la minuta para la desindexación del salario mínimo o los nombramientos de los órganos energéticos, cuando Acción Nacional exigió que se procesara la designación como condición a cualquier otro acuerdo legislativo? ¿En qué y cómo les beneficia que el proceso electoral transcurra con la Sala Superior incompleta? ¿Qué pretenderán ganar con esta estrategia?
Dos hipótesis. En un colegiado con una composición en número par, aumenta la probabilidad de empates. En este supuesto, el presidente de la Sala Superior adquiere una notable relevancia. Tiene, por ley, el poder del voto de calidad, esto es, la capacidad jurídica de vencer el empate. Una probable explicación es que el gobierno y el PRI pretendan capturar al Tribunal por conducto de su presidente. La apuesta es francamente arriesgada. La visibilidad de sus dinámicas y decisiones hace sumamente complicado que un magistrado, en solitario, se entregue a los brazos de un partido político. Ciertamente, en el pasado reciente hay experiencias de subordinación de autoridades electorales a partidos o facciones. Sin embargo, dada la lógica en la que funciona el Poder Judicial y los nombramientos que están por venir en la Suprema Corte, un magistrado que empeñe su futuro en una factura partidaria, cancela su credibilidad y posibilidades para nuevas encomiendas, sobre todo en las que se requiere del consenso de una amplia mayoría congresional. Naturalmente, y gracias a la burda maniobra del PRI, el voto de calidad del presidente del Tribunal será escrupulosamente escrutado. Si la intención era, pues, usar el voto de calidad como arma para alterar los equilibrios en el Tribunal Electoral, muy probablemente la estrategia resultará contraproducente: el presidente del Tribunal Electoral será el voto más vigilado, especialmente en los asuntos que le interesen al PRI.
Otra posible explicación es que el PRI esté pagando favores internos. El proceso de elección de los magistrados electorales prevé la participación de la Suprema Corte como órgano proponente. En efecto, la Corte envía al Senado ternas para cubrir las vacantes de la Sala Superior y de las regionales. En razón de un transitorio constitucional, el séptimo nombramiento durará el tiempo que le resta a la actual composición de la sala. Esta circunstancia inhibió sensiblemente el interés de participar: se inscribieron muy pocos perfiles, cinco en total, de entre los cuales la Corte optó por tres secretarios del Tribunal Electoral, bajo la premisa de que no había espacio para cubrir curvas de aprendizaje. En este contexto, el nombramiento adquiere tonos de luchas internas. Alguien puede ganar con uno u otro nombramiento y, por supuesto, alguien puede estar en el esmero de impedirlo. Alguien que, por cierto, cuenta con el PRI para evitar ese resultado.
Dejar incompleto al Tribunal Electoral es un error y una irresponsabilidad. Por los motivos o razones que sean. El partido en el gobierno tiene un doble deber frente al caso: en tanto que es la bancada mayoritaria, la obligación de procurar una decisión en tiempo y forma; en tanto partido en el gobierno federal, el deber de cuidar la gobernabilidad y la buena marcha de la competencia electoral. Ninguno de esos imperativos vincula al PRI. Evitaron la discusión y la votación del nombramiento para ganar algo: un voto o un aliado. En el camino han dinamitado puentes de entendimiento e inyectado una variable de discordia. Nada nuevo, en suma. Es el mismo PRI de siempre, pero con otros rostros y otras edades.
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