El desarrollo urbano en la Ciudad de México ha sido, en términos generales, desordenado. Pero durante los últimos 15 años particularmente ha sido además de acelerado muy descontrolado. Sumado ello a la complicidad de la autoridad todo un nicho para la corrupción. Las normas han sido utilizadas mañosamente por el gobierno y los desarrolladores inmobiliarios en detrimento de los habitantes de la capital del país.
En el más reciente capítulo, el PAN en la ALDF pidió y logró la suspensión de la Norma 26 porque no era garantía para el desarrollo de la vivienda de interés social; ante la suspensión, el gobierno anunció la intención de emitir las llamadas normas 30 y 31 para el desarrollo de vivienda de interés social y popular en más de 660 colonias de 15 delegaciones del Distrito Federal.
Entonces el Grupo Parlamentario del PAN organizó el foro “Hacia un desarrollo urbano ordenado y sustentable”, evento en el que autoridades, exjefes delegacionales, especialistas, académicos, pero sobre todo representantes ciudadanos, concluyeron que la 30 y 31 y la 26 en los términos planteados no reordenaban el desarrollo ni mucho menos frenaban la voraz corrupción.
Ahora, el PRD puso una nueva propuesta sobre la mesa. Resultó ser una mala mezcla de las anteriores 30 y 31, creando el Frankeistein de la 26. Una vez más, sin estar suficientemente discutida entre autoridades, legisladores y vecinos. La norma que transformará el rostro de la capital pretendieron legislarla y aprobarla al vapor.
Nuevamente el Grupo Parlamentario del PAN con las diputadas Vera y Salido al frente, se opuso con éxito y frenó la aprobación de la 26, que ni siquiera presentaba el mapa con detalle de las colonias de la capital que serían afectadas.
Es fundamental precisar que Acción Nacional no se opone a una norma que regule el desarrollo de la vivienda popular y media. Por el contrario, considero que obedece a un política pública correcta de desarrollo y financieramente responsable. Debemos compartir el espacio, la ciudad no puede seguirse expandiendo porque no hay ni habrá dinero que alcance para satisfacer la demanda de movilidad y de servicios que esto conllevaría.
Sin duda alguna el problema de la vivienda y desarrollo urbano requiere de un análisis profundo. La nueva propuesta de Norma de Ordenación debe reflejar las propuestas de todos y contener los candados necesarios para combatir la corrupción de Seduvi, de las delegaciones y los desarrolladores. Ya la diputada Priscila Vera se anticipa y acertadamente propone que debe tenerse claridad de los valores comerciales de Seduvi y de los valores catastrales de la Tesorería, para evitar la especulación en la adquisición de predios.
Además de conocer con detalle las colonias que afectará la Norma 26, es fundamental que, entre otras cuestiones, la norma contemple un mecanismo para conocer la recaudación por concepto de fondo de derechos y, por supuesto, resuelva el problema de los cajones de estacionamiento. Éstos no pueden ser beneficiados por el subsidio de la construcción de vivienda de interés social y popular, pues elevaría bastante los precios, por lo que no puede haber un cajón por cada vivienda.
Esta claro que no podremos llegar a buen puerto si no existe voluntad política coordinada y de todas las partes. Y eso no está ocurriendo. En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el petulante asesor del secretario, doctor Rafael Valdivia, desdeña e insulta la inteligencia y conocimiento que sobre el tema los demás tienen, fundamentalmente si es legisladora y más si es panista. Complicando el esfuerzo del presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, que busca abrir los foros a organizaciones vecinales y ciudadanos para escuchar a todas la voces e intenta consensuar las visiones de los grupos de su propio partido y de la oposición.
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