Si hubo una idea predominante durante las Audiencias Públicas que organizó el Senado de la República para abonar en la construcción de la posición que México llevará a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) que comienza el próximo martes, fue la llamada guerra contra las drogas sustentada en una política prohibicionista y punitiva que ha generado más daños que bien y debe terminar.
Pocos países como México han vivido en carne propia los terribles efectos de esta guerra que cobró entre 2008 y 2013 según Héctor Aguilar Camín, unas 80 mil muertes y generó 22 mil desaparecidos. Se calculan además, alrededor de un millón y medio de desplazamientos forzados, así como también numerosos procesos de victimización como las 300 mil personas encarceladas por delitos contra la salud de los cuales muchas son consumidores y/o narcomenudistas de bajo pefil. Asimismo, está el extraordinario aumento de la extorsión cuya incidencia se ha triplicado desde 2005 a la fecha. Todo esto sin mencionar los incalculables daños al tejido social, las instituciones democráticas, la salud pública, y a la paz y tranquilidad de millones de personas.
Por eso, creo que muchos países y especialmente, los latinoamericanos, estarán atentos a lo que diga México y, por lo mismo, es en mi opinión tan importante que sea el Presidente de la República (quien para bien ya anunció que sí participará en la Sesión) el que exprese en propia voz lo mucho que México ha aportado a partir de esta discusión global y de su propia experiencia, a la gestación de un nuevo paradigma sobre la forma en la que, el mundo debe afrontar el problema de las drogas. Eso es lo que representa la UNGASS: un viraje de la comunidad internacional que, aunque aun bajo la rigidez de las convenciones de control y fiscalización de drogas, ha decidido dar margen para que los Estados puedan tomar las decisiones que mejor convengan a sus realidades, necesidades e intereses.
En este sentido, después de las consultas sobre regulación de la cannabis que tanto el gobierno federal como el Congreso hicieron, se preve para este mismo año la regulación del uso de esta planta para fines médicos y científicos, pero también se modifiquen los gramajes permitidos para posesión individual; se fortalezcan los programas de prevención y rehabilitación de adicciones; se propongan alternativas al encarcelamiento de infractores menores y se haga énfasis en el enfoque de Derechos Humanos y salud pública en todas las acciones gubernamentales que se emprendan en este campo. Muchas de estas cosas, sin la llamada flexibilización de la interpretación de la implementación de las convenciones que se logró en torno a la UNGASS estarían consideradas al margen del derecho internacional.
Desde el Senado creemos que la participación del Presidente el próximo martes debe servir para afianzar una posición de liderazgo de México manifestándose en favor de una transformación de fondo que pase de un esquema multilateral de prohibición a uno de regulación el cual, muchos consideramos debería reflejarse en una eventual reforma a las convenciones, pero que antes de eso, y más inmediato y factible, puede irse materializando en la ampliación de las ideas que la Declaración que adoptará la UNGASS ya incluye. Además, de aquí al 2019 cuando se revisará la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de 2009, México debería seguir desplegando como lo ha hecho hasta ahora, un importante esfuerzo diplomático para negociar una estrategia que se ajuste mayormente a los retos que implica el fenómeno de las drogas.
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