Entre monumentos derribados y disculpas exigidas al extranjero, los pueblos originarios siguen esperando lo básico.
Cada 12 de octubre se repite el mismo ritual. Unos defienden la herencia hispana, otros la rechazan como emblema de la conquista, y en ambos casos los pueblos indígenas aparecen como argumento. Pocas veces aparecen como interlocutores. El calendario se ha vuelto un campo simbólico donde se disputa el pasado, mientras el presente de las comunidades vivas queda fuera del encuadre.
Lo que el simbolismo no resuelve
Las mediciones oficiales de pobreza en México muestran, de forma persistente, que la población indígena sufre carencias de ingreso, salud, educación, vivienda y servicios básicos muy superiores al promedio nacional. En la última medición con ese desglose, la pobreza entre indígenas casi duplicaba la del resto del país. Esa brecha es anterior a la discusión sobre estatuas y sigue abierta después de ella.
Hay comunidades sin agua potable, escuelas multigrado sin maestros suficientes, clínicas sin medicamentos y caminos que se cortan con la primera lluvia. Hay también personas indígenas presas sin intérprete ni defensor que hable su lengua. Ninguna de esas carencias se corrige con una glorieta renovada.
La contradicción del poder
Retirar una escultura de Colón y colocar otra dedicada a una mujer indígena fue un gesto legítimo. La carta enviada en 2019 al rey de España para pedir una disculpa por la conquista tuvo también su lógica política. Pero ambas decisiones comparten un rasgo incómodo: son baratas. Reconocer el agravio de hace cinco siglos no cuesta presupuesto, mientras que atender el agravio vigente exige recursos, instituciones eficaces y voluntad sostenida.
La reforma constitucional de 2024 que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público es un avance innegable en el papel. La pregunta crítica es cuánto se ha traducido en tierras protegidas, presupuesto directo a las comunidades y consultas que realmente puedan frenar un proyecto. Los megaproyectos de infraestructura han mostrado que la consulta previa, libre e informada suele convertirse en trámite, con resultados decididos de antemano y comunidades divididas.
La otra orilla tampoco está limpia
Quienes defienden la fecha como celebración del mestizaje suelen invocar una herencia compartida con orgullo. Olvidan que el mestizaje fue, en buena medida, un proyecto de Estado que pedía a los indígenas diluirse en una identidad nacional uniforme, con renuncia a su lengua, a su ropa y a su organización propia. Celebrar la mezcla sin preguntar quién quedó abajo es otra forma de editar la historia.
Ambos bandos coinciden, sin proponérselo, en lo esencial: usan a los pueblos originarios como símbolo y no los tratan como sujetos con agenda propia. Los unos los invocan como víctimas del pasado, los otros como parte de un relato armónico. Ninguno les entrega lo que reclaman con insistencia, que es autonomía real, territorio, servicios y justicia.
El costo de la violencia
Los choques de cada año, con monumentos dañados y heridos entre manifestantes y policías, ofrecen una paradoja. La violencia se ejerce en nombre de quienes menos se benefician de ella. No construye una escuela, no instala un sistema de agua ni reduce la mortalidad materna en la sierra. Produce titulares, endurece posiciones y permite a cada bando exhibir al adversario que necesita para justificarse.
Una pregunta que sigue sin respuesta
El debate relevante no es si Colón merece una estatua. Es cuánto está dispuesto a pagar el Estado mexicano, y la sociedad que lo sostiene, para saldar su deuda con los pueblos originarios en términos que se midan en vidas y no en símbolos. Mientras la memoria histórica funcione como sustituto de la política social, el 12 de octubre seguirá siendo una fecha en la que todos hablan por los indígenas y casi nadie los escucha.
