Cuando la forma es fondo, las cortesías y descortesías en la política deben ser interpretadas en su contexto.
La sucesión de problemas que ha desencadenado la crisis por la contaminación en la Zona Metropolitana dejó al descubierto las erradas políticas públicas en materia ambiental y, también, la gran descoordinación que hay entre la Federación y el gobierno local.
Es así que la equivocada aproximación del gobierno federal para aportar al combate a la contaminación, sólo deja en claro el desdén que tienen hacia la administración de la Ciudad de México.
En un panorama tan enrarecido, como el aire que respiramos a diario, los actores de ambos bandos parecen más preocupados y ocupados en cómo denostarse entre sí y repartir culpas, que en orquestar una estrategia que concatene a todas las autoridades de manera efectiva.
La Federación ha lanzado un mensaje muy claro al gobierno local: no pueden hacer su trabajo, por lo que nosotros lo haremos por ustedes y, además, los vamos a mantener vigilados.
El escenario fue montado y cubierto con una conferencia de prensa la semana pasada en la que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, enmarcado por el director de Pemex, José Antonio González Anaya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se reunieron para hablar y defender la calidad de las gasolinas en México.
Sin embargo, lo que parece aún más montado, fue el mensaje final enviado en donde anunciaron la creación de una Norma Emergente de Verificación Vehicular, además de que tomarán el control de la vigilancia de los verificentros, con lo cual alardearon que dejarán fuera de circulación a cerca de un millón 700 mil vehículos.
Acciones en las cuales se dejó fuera a la administración de la Ciudad de México, en un anuncio al cual tampoco fue convocado. Insisto: nuevamente, la forma es fondo.
Ya sea bajo la premisa de corrupción en los centros de verificación, por la falta de equipo o ausencia de supervisión, el gobierno federal asume que bajo su guardia y excluyendo a otros involucrados, suprimiendo la intervención capitalina, el escenario será diferente.
Un aire —bastante transparente, a diferencia de aquel que respiramos— de desprecio pesa sobre el anuncio, sobre una intervención sin la cortesía del aviso político, sin una invitación que, por puro respeto, estuvo ausente y denota la intromisión sin la intención de colaboración.
El que a este anuncio no haya sido invitado el mandatario capitalino y, en general, ningún funcionario de la administración local, deja mal paradas a todas las autoridades, pues estamos ante una acción unilateral en el combate a un problema que justamente lo que requiere, por su propia complejidad, es la colaboración y coordinación entre gobiernos.
Ya sin defensa, al jefe de Gobierno no le quedó más que asumir, otra vez, que los han dejado fuera de la jugada.
Nada se habló ni mencionó de las restricciones a vehículos con placas federales. Nada sobre la petición del mandatario capitalino para que estos sean sometidos a verificación vehicular.
El anuncio fue rimbombante. Hablar de dejar fuera de circulación a 1.7 millones de vehículos no es menor. La suposición sería que detrás de ello hay una amplia investigación y trabajo coordinado de autoridades.
Sin embargo, la sorpresa que el jefe de Gobierno manifestó y la ausencia de representantes de su administración en el anuncio, sólo deja ver que no es así.
El combate a la contaminación, un problema que debió unir a los gobiernos local y federal, ha resultado en todo lo opuesto: se convirtió en un pretexto para segregarlos más y para que la Federación invada, intervenga y minimice a su contraparte local.
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