Estamos a siete días de que termine el periodo de sesiones del Congreso y aún no hay acuerdos sobre las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un mecanismo que busca abatir la corrupción y la impunidad que nos ahogan como país y que lleva más de tres años intentando ver la luz.
Aun si después de dos frustrantes semanas en las que tanto por un método de discusión poco ágil, como por la falta de propuestas concretas del PRI no avanzamos, en esta semana lográramos aprobar en el Senado los instrumentos legales, la Cámara de Diputados tendría que convocar a un periodo extraordinario de sesiones en mayo para no faltar al plazo constitucional establecido para su aprobación por el Congreso.
El argumento de estar en medio de un proceso electoral para no convocar a un periodo extraordinario -que ya se escucha en corrillos-, no podría ser peor: una vez más los partidos, poniéndose a sí mismos por encima de los ciudadanos para dilatar la solución del principal problema de nuestra democracia hoy día. Los senadores estamos obligados a aprobar la dictaminación de las leyes del SNA esta semana y los ciudadanos a exigir que la Cámara de Diputados sesione en mayo con el mismo propósito.
Sin embargo, aun con premuras el SNA no debería aprobarse sin contar con al menos 5 características indispensables para que pueda cumplir con su misión de prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
1.- El SNA debe de contar con las atribuciones para ser más que una simple mesa de coordinación entre instituciones, un verdadero mecanismo articulador de esfuerzos orientados eficazmente hacia un mismo fin.
2.- El SNA debe de ser capaz de generar una auténtica política de Estado en materia de combate a la corrupción que sea evaluada y ajustada periódicamente.
3.- El SNA debe de poder recopilar y sistematizar la información que generan varias instituciones para crear herramientas útiles en el combate a la corrupción para lo cual debe establecer al menos cinco plataformas por las que se tenga acceso a la información relativa a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal de todos los servidores públicos del país; a las compras y obras públicas que hacen los entes públicos en todo el país; a los servidores públicos que han sido sancionados por corrupción; a las denuncias ciudadanas a fin de garantizar que sean atendidas; y a los informes de auditoría de todo el país, igualmente para darles seguimiento y que dejen de aspirar a ser, como es hoy, si bien les va, una buena nota en los periódicos.
4.- El SNA debe de tener la capacidad de mejorarse a sí mismo y de renovar a las instituciones que lo conforman a través de un sistema profesional de carrera de quienes trabajarán para él, a través de un informe anual que refleje los avances en la implementación de la política nacional de combate a la corrupción, así como de recomendaciones a las propias instituciones que lo integran.
5.- El SNA debe de integrar la participación ciudadana como una de sus mejores herramientas otorgando atribuciones al Comité de Participación Ciudadana (CPC) que contrarresten la dinámica natural de las burocracias que tienden a la autocomplacencia y a la complicidad. El CPC debe de hacer denuncias públicas para llamar la atención sobre casos de corrupción que no se atiendan; fortalecer las figuras de testigos y auditorías sociales, así como instrumentar mecanismos que incentiven la denuncia ciudadana y de protección a denunciantes. Más aún, un ciudadano, independiente y apartidista debería presidir el SNA.
Esta semana veremos si realmente la clase política quiere o no Sistema Anticorrupción.
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