Desde finales del pasado mes de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la del Distrito Federal, interpusieron controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la Ley de Movilidad para el DF restringe los derechos de libre manifestación.
A casi tres meses de las controversias constitucionales aún estamos en espera de que el máximo tribunal resuelva y, de esta manera, brinde certeza jurídica a los ciudadanos para hacer valer por igual este derecho al de libre tránsito. Armonizar ambos derechos, no anteponer uno a otro.
Lo que podría ser un precedente para el país, sigue en espera; mientras tanto, desde hace ya varios días, grupos o infiltrados en protestas públicas en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, han aprovechado de la legítima exigencia social para cometer abusos y actos que violentan los derechos humanos de terceros y a las instituciones.
Mientras la SCJN medita la resolución en torno a estas controversias, los capitalinos padecemos la
inacción del gobierno de Peña Nieto. Está claro que la aplicación de la ley y el orden no es igual para todos, pues mientras en Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal estos grupos minoritarios que, insisto, aprovechan una exigencia social legítima, generan destrozos con la complaciente mirada de la autoridad, por el rumbo de Lomas de Chapultepec se implementó un impresionante dispositivo de seguridad.
Es el caso de la llamada Casa Blanca de las Lomas propiedad de Angélica Rivera y Enrique Peña, este impresionante dispositivo de seguridad se montó para evitar que dañen con el pétalo de una protesta tan valioso patrimonio de la familia presidencial, valuado según la información disponible en más de 80 millones de pesos.
La policía hizo el mayor esfuerzo de coordinación para salvaguardar esta residencia; con ese esfuerzo y dedicación deberían proteger el patrimonio de todos los habitantes de la ciudad y garantizar el derecho de libre tránsito. Pero qué tal cuando un grupo de personas hartas del secuestro y la inseguridad exigen seguridad para sus familias, aunque legítima es la demanda, bloquean por 12 horas la autopista México-Cuernavaca y nada sucede.
Evidenciaron además la incapacidad para negociar del gobierno perredista estatal de Morelos y la inmovilidad quizá por exceso de prudencia del gobierno federal. Nada se hizo para evitar el daño generado a los ciudadanos que quedaron atrapados en el caótico tránsito en ambos sentidos de la carretera de cuota y federal, además de las consecuentes pérdidas económicas.
Es urgente y necesaria una regulación que obligue a los convocantes de una manifestación a dar aviso con anticipación a las autoridades para evitar este tipo de desmanes; es imprescindible armonizar todos los derechos ciudadanos y la Ley de Movilidad para el DF, promulgada el 15 de julio y que se traduce en un avance significativo.
En esa medida celebro una vez más que las Comisiones de Derechos Humanos, a nivel local y nacional, hayan controvertido la Ley de Movilidad para el DF; pero los ministros de la Corte deben ser corresponsables y resolver a la brevedad, conocer si en la ciudad se pueden reglamentar o no las marchas, o si en verdad la libertad de expresión puede pasar por encima de todas las garantías individuales, incluida la libertad de tránsito.
El PAN está en espera de esta resolución de la Corte; mientras tanto, la Ciudad de México, con sus protestas cotidianas de lunes a viernes, ahora también hasta en un Buen Fin de semana chilango.
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