Las recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) al emitir requerimientos de información a periodistas y ciudadanos, como el caso de la periodista Laura Brugés, han generado serias preocupaciones sobre una posible censura y un efecto inhibidor en la libertad de expresión en México. El 29 de junio de 2025, Brugés compartió en X una notificación oficial de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, exigiendo detalles sobre su cobertura de irregularidades electorales, específicamente el uso de «acordeones» (volantes) durante el proceso de elección judicial. Este incidente, detallado en un hilo, refleja una tendencia creciente donde figuras públicas y ciudadanos enfrentan escrutinio por su actividad en redes sociales, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la supervisión electoral y la libertad de expresión.
Me notificaron del INE para “requerir información” sobre los acordeones 🪗 de la Elección Judicial.
No tengo problema en contestar su cuestionario, pero todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal? 😤
(Un periodista no revela sus… pic.twitter.com/pZAMPsfpX4
— Laura Brugés (@LauraBruges) June 29, 2025
El requerimiento del INE pide a Brugés que confirme sus publicaciones, identifique fuentes y aclare el financiamiento detrás de las irregularidades reportadas, una medida que ella considera una violación a la ética periodística al obligarla a revelar informantes confidenciales. Esta demanda ocurre en un contexto más amplio de una elección judicial controvertida, marcada por una tasa de abstención del 87% y documentadas irregularidades, según análisis recientes. La presión para divulgar fuentes, pilar de la libertad de prensa, parece disuadir la investigación periodística, con Brugés expresando frustración por el tiempo y recursos desviados para cumplir, lo que podría desalentar a otros de realizar escrutinios similares.
Este fenómeno trasciende casos individuales, sugiriendo un efecto silenciador sobre periodistas y ciudadanos. El hilo de Brugés revela su reticencia a involucrarse más en la cobertura legislativa debido a reformas propuestas que amenazan la expresión, un sentimiento compartido por seguidores que critican las acciones del INE como intimidantes. La obligación de responder en 72 horas, junto con acusaciones vagas de posible influencia electoral, crea un entorno donde la autocensura podría proliferar. Patrones históricos en México, donde la presión gubernamental ha suprimido a los medios, refuerzan los temores de que estas medidas erosionen los contrapesos democráticos.
Por otro lado, el INE justifica estas acciones como necesarias para garantizar la integridad electoral, investigando afirmaciones de influencia indebida en la elección judicial. Su mandato de supervisar el financiamiento de campañas y las irregularidades ofrece una base legal para tales indagaciones, buscando mantener la transparencia en un proceso criticado por baja participación y presunta manipulación. Sin embargo, la falta de límites claros al abordar contenido en redes sociales arriesga un exceso, especialmente cuando involucra expresión protegida.
Las implicaciones son profundas. Si periodistas y ciudadanos perciben cada publicación como un posible riesgo legal, el acceso público a información independiente podría disminuir, debilitando el discurso democrático. El caso de Brugés, respaldado por pares y organizaciones como la Red de Defensoras Electorales, subraya una resistencia colectiva a esta tendencia. Aun así, la pregunta persiste: ¿puede la supervisión electoral adaptarse a la expresión digital sin sofocarla? Mientras México navega esta tensión, el resultado podría redefinir los límites de la libre expresión en la era digital, con todas las partes a la espera de una resolución que equilibre fiscalización y libertad.
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