Órale, otra vez el fantasma de Ayotzinapa anda rondando con su “fue el Estado”, pero ahora con sello de la ONU. El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) soltó un informe que no se anda con rodeos: hay indicios fundados de que en México las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada y sistemática, al grado de oler a crimen de lesa humanidad. Y pidió a la Asamblea General que meta las manos para ayudar con búsqueda, identificación forense e investigaciones serias. El gobierno federal respondió como era de esperarse: “tendencioso, parcial y sesgado”, defendiendo sus reformas y diciendo que todo lo malo pasó antes del 2018.
Desde la Glorieta de las y los Desaparecidos, los colectivos de buscadores no se quedaron callados. Acusan directo: el Estado ha desmantelado premeditadamente las instituciones que podrían servir para identificar a los miles de desaparecidos. No es cuento. Recuerden el Centro Nacional de Identificación que se inauguró con bombo y platillo y luego se fue al caño: despidos masivos de especialistas forenses, presupuesto que se esfuma y un banco de datos que más parece archivo muerto. Mientras tanto, siguen apareciendo fosas clandestinas, restos sin identificar que se acumulan por decenas de miles y familias que cavan con sus propias manos porque las autoridades brillan por su ausencia o lentitud.
El sarcasmo duele: se presume transformación y cuarto de guerra contra el crimen, pero cuando la ONU toca el tema, la respuesta es negar, minimizar y culpar a sexenios pasados. Como si las madres y padres que buscan a sus hijos tuvieran tiempo para politiquería. “Fue el Estado” resurge no porque todo sea conspiración federal, sino porque la aquiescencia, la omisión y la complicidad local siguen ahí, permitiendo que el narco y algunos uniformados hagan de las suyas sin que pase nada.
Los colectivos no piden milagros, piden responsabilidad real: que no se desmantele lo poco que funciona, que se proteja a las buscadoras (que ya han pagado con su vida por alzar la voz) y que la identificación de restos deje de ser un trámite eterno. La ONU no viene a invadir, viene a ofrecer apoyo técnico porque los números son brutales: más de 130 mil desaparecidos, miles de fosas y un rezago forense que avergüenza.
Al final, mientras el discurso oficial se pone bravo con Ginebra, las plazas siguen llenas de fotos con “¿dónde estás?”. Y las madres, con pala en mano y dignidad intacta, siguen recordándonos que los desaparecidos no son estadística ni pretexto político. Son personas cuya ausencia grita más fuerte que cualquier comunicado de rechazo.
