En las redes sociales sigue ardiendo la polémica por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El documento señala indicios de que en México se cometen y siguen cometiendo desapariciones forzadas, con posibles elementos de crímenes de lesa humanidad, y pide discutir el tema con urgencia en la Asamblea General. México concentra 819 acciones urgentes, casi el 38 por ciento del total mundial. El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazó el informe por “tendencioso”, “parcial”, “sesgado” y falto de rigor jurídico. Dicen que omite los avances institucionales desde 2018 y especialmente desde 2025, y que no tomó en cuenta la información actualizada que presentaron.
Versiones que circulan en redes y comentarios de usuarios pintan dos bandos bien marcados. Activistas, defensores de derechos humanos y colectivos de buscadores critican duramente la postura oficial. En publicaciones y hilos se lee indignación: “No es sesgado, es la realidad que vivimos”, “¿Cómo minimizan el dolor de miles de familias con un comunicado?”. Colectivos como los de Puebla, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México expresan “indignación absoluta” y piden que la ONU publique el informe completo. Argumentan que el gobierno intenta “rasurar” las cifras al reinterpretar el Registro Nacional, donde de más de 132 mil casos solo reconocen alrededor de 43 mil como desaparecidos activos por delito. Para las buscadoras, eso es minimizar el problema y dejar fuera a miles que siguen sin aparecer.
Del otro lado, propagandistas y cuentas cercanas al gobierno afianzan la versión oficial. Comparten el comunicado y comentan que la ONU ignora los esfuerzos contra la delincuencia organizada, que muchas desapariciones vienen de sexenios anteriores y que hay casos con datos incompletos o personas que reaparecieron en trámites. “No todo es desaparición forzada por el Estado”, repiten en replies y posts. Algunos usuarios agregan que las críticas son parte de una narrativa opositora o de organizaciones con conflicto de interés.
Rumores y suposiciones también corren: hay quien dice que el gobierno busca bajar las cifras para mejorar la imagen internacional, mientras otros comentan que los colectivos exageran para mantener atención y recursos. Versiones no confirmadas hablan de tensiones internas en cómo se manejan los registros y de que la respuesta oficial repite el patrón de descalificar antes de dialogar profundo.
Lo que sí es claro en las redes es el dolor de las familias que siguen buscando a sus seres queridos en fosas y parajes. Mientras el gobierno defiende sus avances, los comentarios de usuarios reflejan frustración: “No queremos comunicados, queremos resultados”. Esta polémica pone sobre la mesa si la responsabilidad se asume con hechos o se diluye con adjetivos. Las redes, como siempre, amplifican todo: desde el rechazo diplomático hasta el grito de las madres que no se callan. Al final, más de 130 mil nombres esperan respuestas concretas, más allá de comunicados y debates en X.
