Una encuesta aplicada por la organización A dónde van los desaparecidos a 348 familiares de personas desaparecidas, entre mayo y julio de 2025, expone el impacto económico devastador que genera cada ausencia en México. Realizada en 25 entidades del país, con 309 respuestas de mujeres y 39 de hombres, el estudio revela que el 75 por ciento de las familias tuvo que empeñar o vender bienes, solicitar préstamos o incurrir en deudas para financiar búsquedas. El 57 por ciento renta vivienda y el 33 por ciento se vio obligado a mudarse por amenazas o falta de recursos. El gasto promedio en una sola búsqueda asciende a 500 pesos, pero puede alcanzar entre 3 mil y 4 mil pesos por traslado, transporte, alimentos, documentos y herramientas. El 49 por ciento cita el transporte como principal erogación y el 42 por ciento recurrió a boteos, rifas o campañas en internet para sobrevivir.
Los ejemplos ilustran una realidad que genera indignación. Familias han vendido imprentas, autos y hasta viviendas para costear operativos de campo. Madres y hermanas dejaron empleos estables, enfrentaron despidos por ausencias laborales o estigma social, y asumieron custodia de hijos cuando el 73 por ciento de las personas desaparecidas era proveedor principal del hogar. El 65 por ciento de los casos involucra menores, y el 58 por ciento de las familias carga con su tutela. Extorsiones que van de 5 mil a 100 mil pesos agravan la crisis, mientras apoyos institucionales como los de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llegan con años de retraso.
El debate político se polariza alrededor de la responsabilidad estatal. Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de buscadoras sostienen que el Estado omite su obligación constitucional y legal de realizar búsquedas inmediatas y efectivas, transfiriendo la carga económica y emocional a las familias. Critican que la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y el Sistema Nacional de Búsqueda existan en papel, pero fallen en la práctica por falta de voluntad política, recursos insuficientes y revictimización burocrática. En contraste, autoridades federales y estatales argumentan que se han creado comisiones especializadas, bases de datos y protocolos de atención a víctimas, y que el incremento de casos obedece a una mayor denuncia y a la complejidad del crimen organizado. Defienden que el empobrecimiento familiar es consecuencia indirecta de la violencia, no de omisión directa.
El núcleo polémico radica en esta transferencia de costos. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera los 133 mil casos, las familias enfrentan un empobrecimiento patrimonial que incluye pérdida de patrimonio, desplazamiento forzado y deterioro de salud física y mental. Analistas independientes advierten que esta dinámica erosiona la cohesión social y perpetúa ciclos de vulnerabilidad en comunidades empobrecidas. La ausencia de mecanismos de reparación integral y de presupuestos suficientes para búsquedas activas genera cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas públicas.
En síntesis, la encuesta pone en evidencia una crisis humanitaria con rostro económico. El Estado enfrenta el desafío de asumir plenamente su responsabilidad en la localización y atención a víctimas, o continuar delegando en familias el peso de una tragedia que ya destruye patrimonios y futuros. La indiferencia institucional no solo prolonga el dolor, sino que multiplica la indignación ciudadana ante un sistema que parece priorizar la inercia sobre la justicia.
