Delegados bajo la lupa

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Quedan obligados a que se abra el ejercicio del presupuesto participativo al escrutinio público.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental en las sociedades libres de los países democráticos. Es responsabilidad de los servidores públicos  facilitar la información e incluso abaratar los costos, ya que el acceso de la mayoría es un diagnóstico fiel de la salud de la democracia.

Como es sabido, no es concesión graciosa de los gobiernos transparentar sus acciones puesto que la propia ONU ha resuelto que la “libertad de información es un derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”.

De tal suerte que a nadie quede duda de que la información gubernamental es un bien de utilidad pública cuya publicidad, es decir, su difusión máxima hacia los ciudadanos, es sólo el cumplimiento de un derecho humano consagrado en la Constitución.

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En la ALDF nos hemos propuesto que la transparencia  alcance en detalle a la administración pública local. Es importante que la ciudadanía pueda conocer de forma detallada cuál es el destino de su dinero.

Esta semana en la Asamblea Legislativa, de la mano del diputado panista Gabriel Gómez del Campo, legislador por demás comprometido con el tema, la transparencia dio un paso fundamental para que se conozca el manejo del presupuesto participativo.

Con la reforma propuesta y aprobada al artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se garantiza a los ciudadanos que puedan verificar, en todo momento, el correcto manejo del presupuesto participativo, respecto a obras y servicios a ejecutarse en tal presupuesto etiquetado en los egresos de cada año fiscal.

De tal suerte que los jefes delegacionales quedan obligados a la rendición de cuentas y a que se abra el ejercicio del presupuesto participativo al escrutinio público, y quienes no lo hagan incumplirán  con los principios de información, transparencia y máxima publicidad.

El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, pone la luz y la lupa en un espacio de maniobra, hoy por hoy, manejado por las delegaciones muchas veces de forma opaca, discrecional y, en algún sentido, hasta podría decirse que doloso.

Los 16 delegados deberán publicar en internet todo lo relativo al uso de los recursos destinados a realizar obras y servicios con el presupuesto participativo que la ciudadanía del Distrito Federal elige en las consultas cómo se debe aplicar en cada colonia.

El propio InfoDF tiene facultades para vigilar que lo hagan oportuna y correctamente, es decir, que nadie  esconda la información, incluyendo el  propio avance físico y financiero de cada una de las metas, a cualquier ciudadano que la solicite.

Además, los funcionaros quedan obligados a enviar a cada comité ciudadano y consejo de los pueblos, a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo en no más de 30 días  posterior a su ejecución.

Si bien los delegados dadas sus facultades no resuelven ninguna de las principales preocupaciones de la ciudadanos, pero sí que manejan grandes sumas de dinero, lo menos que se debe hacer es ponerlos bajo la lupa y exigirles que digan y comprueben cómo se gastan el dinero de la gente.


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