La protección de la infancia en México enfrenta un panorama crítico. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, se han denunciado ya 5,370 casos de corrupción de menores en el país. Esta cifra, extraída de los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pone en evidencia una problemática que, lejos de erradicarse, muestra signos de persistencia en diversas regiones del territorio nacional.
El corte más reciente, correspondiente a febrero de 2026, contabilizó 267 denuncias a nivel nacional. Aunque esta cifra representa una ligera disminución del 3% en comparación con el mismo mes de 2025 (cuando se registraron 274 casos), el acumulado histórico revela que el delito mantiene niveles preocupantes para las organizaciones civiles y las autoridades de procuración de justicia.
Geografía de la vulnerabilidad: los estados más afectados
El fenómeno de la corrupción de menores no impacta de la misma forma a todos los estados. Según el análisis de datos, tres entidades concentran el 42% de los casos totales denunciados en la presente administración:
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Baja California: Encabeza la lista con 1,027 registros.
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Ciudad de México: Se ubica en segundo lugar con 663 denuncias.
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Guanajuato: Ocupa la tercera posición con 567 casos reportados.
No obstante, al observar la incidencia por cada millón de habitantes para ajustar la cifra a la densidad poblacional, el orden de alerta cambia. Bajo esta métrica, Baja California (272), Quintana Roo (211) y Guanajuato (162) destacan como las zonas donde el riesgo relativo para los menores es más elevado.
Tendencia histórica: ¿Hacia dónde vamos?
Al analizar la serie histórica 2015-2026, se observa un crecimiento sostenido en la cultura de la denuncia o en la comisión del delito. Mientras que en 2015 se registraban anualmente poco más de 1,400 casos, para el año 2023 la cifra se disparó a 3,356 denuncias, marcando un máximo histórico.
En el último año completo, 2025, el cierre fue de 3,047 casos, lo que representó una baja del 9% respecto al año anterior, pero aún se mantiene muy por encima de los niveles vistos hace una década. En los primeros dos meses de 2026, ya se han acumulado 510 casos, lo que sugiere que el año podría cerrar en niveles similares a los anteriores si no se intensifican las estrategias de prevención.
Este escenario plantea un reto directo para la agenda de seguridad del Gobierno Federal, especialmente en estados como Nuevo León, donde la variación anual de febrero muestra un incremento preocupante, pasando de 12 a 24 casos en solo un año. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una asignatura pendiente que requiere atención urgente en las políticas públicas actuales.
