Celebro la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la iniciativa de reforma política del DF que el Senado de la República aprobó y turnó la semana pasada.
Es verdaderamente una iniciativa muy mal hecha, que no atiende a un reclamo de la ciudadanía, ni a resolver a fondo los muy serios problemas que sufre la ciudad de México. Se propone una Asamblea Constituyente en 2016 conformada por 100 miembros, 40 nombrados directamente por el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados y Senadores; los 60 restantes, electos por voto directo. La iniciativa se elaboró al vapor y se aprobó sin una discusión a fondo, seguramente por acuerdos de los grupos parlamentarios que se centraban en otros temas. La Asamblea Constituyente sesionaría en paralelo a la Asamblea Legislativa del DF, electa para el próximo período 2015–2018 y debería discutir la propuesta de Constitución que presentaría el jefe de Gobierno.
La semana pasada acudí a escuchar la conferencia “Naturaleza y Valores de la Democracia”, impartida por un gran maestro en Derecho y amigo, Raúl González Schmal, quien afirma que nuestros representantes y funcionarios públicos son legislomaníacos en grado extremo. Creen que los problemas del país se van a resolver con “nuevas leyes”, mismas que normalmente no se aplican o no sirven para nada.
Dice González Schmal que todas estas “ocurrencias” de nuestros legisladores son más bien un reflejo de la pobre cultura democrática que se vive en el país. Se crean expectativas muy altas a la población y terminan con el descrédito de la ley y sin aplicación práctica.
El DF ya tiene su propia Constitución. Es el Estatuto de Gobierno, contenido a su vez en el Artículo 122 de la Carta Magna. Es decir la Constitución del DF está en la propia Constitución de la República. Por lo mismo el DF no requiere de una Constitución nueva, sino de las reformas necesarias a la ya existente, para alcanzar el nivel de representación y participación de los capitalinos, equiparable al de cualquier otro estado de la República. He participado en varios foros sobre la reforma política del DF y en su mayoría, se centran en reformas que garanticen una mejor administración en las delegaciones y que a su vez, se reflejen en el bienestar de la gente y la mejora en los servicios públicos.
En este sentido, me extrañó mucho que la mayoría de las editoriales y críticas que siguieron a la iniciativa aprobada el 28 de abril pasado por la Cámara de Senadores, se hayan centrado no tanto en la integración de un constituyente, sino más bien en la “burocracia” y gasto excesivo que representarían los concejales (cabildos) en cada demarcación.
En todas las iniciativas discutidas y presentadas anteriormente a ésta, hay consenso tanto de los partidos políticos como de los académicos y expertos en la Administración Pública del DF, en la integración de verdaderos cabildos en las delegaciones y que además tengan mayor autonomía. Se trata de un equilibrio razonable del poder para el que se elige a los jefes delegaciones, no como actualmente sucede que se comportan como si fueran virreyes. No resulta explicable que el más pequeño de los municipios del país cuente con un cabildo y no lo tengan las delegaciones en el DF. También hay un amplio acuerdo en la división de las cuatro delegaciones más grandes del DF para llegar a 20 o más delegaciones. En la iniciativa se contempla que pueda haber entre 10 y 15 concejales de acuerdo con la población en cada delegación y por lo mismo tendríamos en total cerca de 300 concejales.
Un aspecto propuesto insistentemente por la Asociación Ciudad Posible, y que está ausente en la iniciativa, es la necesidad de reconocer desde la Constitución a las “Zonas Metropolitanas”. Se trata de poder establecer los principales servicios, con carácter metropolitano: agua, transporte y vialidad, seguridad, medio ambiente, energía y basura, serían no municipales, sino metropolitanos. Los capitalinos lo que reclaman es precisamente la mejora en los servicios, seguridad, calidad de vida, trabajo digno y bienestar. Todas estas propuestas se pueden lograr con las reformas constitucionales y al estatuto de gobierno sin la necesidad de crear un nuevo constituyente.
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