“El artículo 122 tenía 50 palabras; ahora tiene casi tres mil. Las sucesivas reformas constitucionales modifican las palabras pero no el respeto de los ciudadanos a las normas de su Constitución”
Miguel Carbonell
Cuando las leyes no se convierten en actos concretos, en normas que rigen la vida de los ciudadanos, cuando prevalecen más los principios aspiracionales “como nos gustaría ser” que su virtud y propósito normativo. Cuando para diversas autoridades y elites cumplir sus mandatos termina siendo una opción y una decisión voluntariosa, entonces estamos frente a una Constitución que muere y de su mano se erosiona el estado de Derecho y la gobernabilidad.
De acuerdo a una encuesta realizada en el año 2011 por el IFE (ahora INE), y la UNAM, poco más del 87 por ciento de los mexicanos no cree en la Constitución. Por su parte, la Encuesta sobre Cultura Constitucional de la UNAM, concluye que 65 de cada cien mexicanos conoce poco la Constitución y 27 por ciento dice desconocerla completamente. Otras investigaciones dan cuenta de que apenas un 4 por ciento de los ciudadanos considera que las leyes se respetan.
Carbonell señala que “aparte de lo escandalosas y preocupantes que pueden resultar estas cifras …nos pone también ante la evidencia de una población que no siente un apego completo por la legalidad…”
Modificar permanentemente mandatos de nuestra Constitución, aun con un propósito honesto y genuino de brindar mejores leyes y fortalecer el marco jurídico de nuestro país, ha dado lugar a por lo menos estos efectos: la percepción de cambiar reglas del juego a la mitad del camino, o bien, que aun siendo mejores las leyes modificadas enfrentan gran adversidad para implementarse y también pueden sumarse a estas consideraciones las leyes que son ocurrencias, moneda de cambio político o bien carecen de viabilidad económica y responsabilidad financiera.
Las leyes sin consecuencias son letra muerta y generan corrupción e impunidad.
Por supuesto que cumplir la ley cuesta, pero cuesta más no hacerlo. Nada más costoso para un país que vivir con permanente incertidumbre jurídica y la sensación de que en asuntos centrales para nuestras vidas y la gobernabilidad del país, como impartir justicia sin distingos, estamos en riesgo de que al final impere la impunidad o el victimario termine tratado como la víctima.
Reconozco lo que nuestra Constitución ha dado a México como soporte para un sistema más democrático y un andamiaje institucional. Sin embargo, estamos muy lejos de vivir en lo cotidiano una cultura de legalidad. Cuando autoridades y ciudadanos ignoramos la ley, abonamos a su desprestigio y también a la desconfianza y a una gran pérdida de oportunidades.
Mientras sea más importante saber de memoria cuantos artículos tiene la Constitución, aunque se ignoren sus contenidos; mientras presumir y exhibir elegantes ejemplares como pieza de museo en oficinas, bibliotecas y algunos hogares nos resulte suficiente, entonces la construcción de una cultura constitucional y de legalidad se alejara cada vez más.
En gran medida nuestro destino depende de si en lo cotidiano hacemos posible una Constitución viva, cercana a los ciudadanos y a las autoridades. En este propósito todos tenemos algo que hacer, porque la alternativa sería dejarla encuadernada y enterrada.
No hay un solo país que haya construido prosperidad, paz y justicia en el mundo con una Constitución muerta.
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