A dos meses y medio de paros, movilizaciones y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la disidencia magisterial que busca abolir la Reforma Educativa que, entre otras cosas, elimina privilegios de quienes por décadas habían lucrado abusivamente con sus plazas de maestros, ha generado daños terribles a nuestro país. Y es de sorprender, por decir lo menos, que aún haya en las filas de quienes decimos creer en las instituciones y el Estado de derecho quienes justifiquen aunque sea mínimamente su “lucha”.
Hagamos el recuento de los daños. Seis maestros rapados por negarse a dar clases; aeropuertos, carreteras, casetas de peaje, vías de ferrocarril, supermercados y centros comerciales bloqueados, principalmente en cuatro estados; niños usados para participar en bloqueos y manifestaciones; desabasto; incremento de precios; detrimento del turismo; afectaciones a la productividad; y un estimado de siete mil 500 millones de pesos en pérdidas económicas. Pérdidas que en muchos casos representan golpes directos al ingreso familiar de meseros, cocineros, comerciantes, artesanos, empacadores y estacionadores de coches, por ejemplo. Además, oficinas de cuatro partidos políticos en Tuxtla Gutiérrez destrozadas y al menos un centenar de heridos y nueve muertos en Nochixtlán, Oaxaca.
Todo esto, a pesar de que precisamente hace un mes, la Secretaría de Gobernación lanzara un ultimátum a la CNTE para detener los bloqueos; a pesar de las promesas de la autoridad de evitar que los derechos de terceros serían atropellados. Una autoridad que incluso comprometió acciones calificadas como ilegales por un juez que ordenó incumplirlas por considerarlas violatorias a los derechos humanos de niñas y niños a recibir educación de calidad.
Algo de reconocerse, sin embargo, es la detención de los principales líderes de la CNTE acusados por delitos del fuero común y por operaciones hasta por 24 millones de pesos de los agremiados para su beneficio personal y para financiar estas acciones ilegales de la organización.
Mientras tanto, para las niñas y niños de estados como Oaxaca, donde según la organización Mexicanos Primero en los últimos 15 años menos de la mitad de los matriculados han terminado la educación básica, cada día que pasa sin que el conflicto se resuelva y sobre todo sin tener clases de calidad, representa que la posibilidad de tener un mejor futuro se aleje más y más.
Además, el documento Sistema Educativo Mexicano (SEM) Normatividad, estructura y gasto, publicado en 2014 por el CIDE, nos recuerda que: “En todas las ediciones de la prueba PISA, México ha obtenido la calificación promedio más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres competencias evaluadas: Lectura, Matemáticas y Ciencias. En educación media superior, estos problemas se agravan al sumarse con altas tasas de deserción, que afectan directamente la competitividad y productividad de los estudiantes a su salida del sistema educativo”.
Esta semana, el sector empresarial lanzó un ¡YA BASTA! al gobierno exigiéndole cumplir su obligación de ser garante del Estado de derecho y a detener a esta minoría en sus intentos de recuperar privilegios injustificados mientras afectan irremediablemente el futuro de millones de niñas y niños, los empleos e ingresos de miles de familias y cometen delitos.
Me sumo, como estoy segura millones de mexicanos lo hacen, a ese llamado al gobierno para que evite que la lista de los daños siga aumentando. Lo que está en juego, además de la tan necesitada calidad de la educación, es avanzar o retroceder hacia la meta de ser un país en el que la ley —asumiendo que siempre es perfectible— simplemente se respete.
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