La semana pasada, en distintos medios de comunicación, se dio la noticia de que el Gobierno Federal había “donado” 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial. Supuestamente, el proyecto sería de gran beneficio para la economía del municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra fraudulenta del Gobierno del Estado de México, con la Segob y el líder de Antorcha Campesina. Esto quedó demostrado cuando el mismo día se llevó a cabo la invasión por parte de un contingente de Antorcha Campesina, a los terrenos supuestamente donados.
Investigando dicha donación, no hay información sobre la figura jurídica con la que se pretende concretar este robo descarado; si el Gobierno Federal cederá los terrenos en comodato, mediante una concesión o si al final pretenden una desincorporación de zona federal que necesariamente requiere de un decreto presidencial.
De lo que sí tengo plena certeza es que esta operación es un vil fraude de dimensiones descomunales que refleja la tremenda corrupción que sigue imperando en la actual administración del Gobierno Federal. Frente a estas acciones escandalosas uno se pregunta para qué sirvió la espectacular presentación del Sistema Anticorrupción, cuando a los dos días el mismo Gobierno anuncia esta absurda “donación”.
Conocí el proyecto siendo Director General de la Conagua, mismo que rechacé inmediatamente por tratarse de una vulgar maniobra para un gran negocio privado.
Atendí con prontitud la cita –sin conocer el asunto–, porque la solicitó el entonces Secretario de Gobierno del Estado de México. Lo acompañaban el líder de Antorcha Campesina, ex alcalde de Chimalhuacán, junto con un grupo de arquitectos. Me presentaron el anteproyecto de lo que sería un parque industrial para beneficio de dicho municipio. El proyecto se asentaba en terrenos federales contiguos al Lago Nabor Carrillo, en lo que se conoce como “Los Tlateles”.
Les expliqué que los terrenos federales son un espacio vital de protección y regulación hidrológica del Lago Nabor Carrillo; declarada Área de Protección y Anidación de Aves Migratorias y que era fundamental su preservación de acuerdo a esa vocación. Por lo mismo, no se podía autorizar ningún tipo de construcción.
Esta operación no se trata de una donación al municipio ni a la organización de Antorcha Campesina, sino de un muy jugoso negocio de los líderes de dicha asociación con la complicidad y corrupción de autoridades federales. ¿En qué país del mundo le obsequian a alguien 200 hectáreas para construir un parque industrial que luego van a vender a precios estratosféricos? Se trata de 2 millones de metros cuadrados, que a precios de Indaabin representaría una cifra superior a 400 millones de pesos. Si tomamos en cuenta el valor comercial de terrenos aledaños a un gran proyecto como el Nuevo Aeropuerto (NAICM), entonces ese precio podría ser muchísimo más alto.
Esta negociación solo puede hacerla la Segob por orden de la Presidencia y la dependencia responsable directa sería la Conagua, dado que es la entidad que administra la ZFLT.
Se conoce como “Los Tlateles” a los terrenos del lado sur del Lago Nabor Carrillo de más de 700 hectáreas. Pertenecen al vaso del Lago de Texcoco y por lo tanto son terrenos federales, propiedad de la Nación. Las invasiones constantes en el pasado, fueron frenadas por la construcción de los drenes Chimalhuacán I y II para quedar como actualmente está delimitada la Zona Federal, de acuerdo al decreto presidencial de 1982.
En 2001, indebidamente, mediante un convenio simple, la Conagua autorizó la solicitud del Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, para la creación del Parque Ecológico Estatal Ing. Gerardo Cruickshank García, proyecto al que nunca se le invirtió un solo centavo. ¿Por qué lo solicitó entonces Arturo Montiel? Es obvio que nunca hubo tal interés, lo que se buscaba era dejar los terrenos bajo la administración del Estado de México para que en un futuro –como lo estamos viendo-, quedaran a expensas de las especulaciones corruptas de esas mismas “autoridades”.
Sin embargo, cuando se dio a conocer el proyecto para el NAICM, el Gobierno del Estado de México tuvo que “devolver” los terrenos al Gobierno Federal de la misma forma irregular mediante un simple “convenio”, con el objeto de que la Conagua construyera el sistema de regulación hidrológica dentro del proyecto del NAICM.
Pero ahora resulta que ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección, ni nada. El Gobierno Federal, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a uno de los grupos más corruptos de este país.
Si esto se concreta, verdaderamente la promesa de un Sistema Anticorrupción se convierte en una burda simulación. ¿Dónde está la Comisión Especial de Seguimiento al proyecto del NAICM ordenada por el pleno del senado hace más de un año? ¿Dónde están las asociaciones y grupos ambientalistas para defender esta zona? ¿Dónde está la Conagua para ordenar la función reguladora de la ZFLT? ¿Dónde está la SCT para pelear el proyecto hidráulico del NAICM?
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