El columnista Héctor de Mauleón publicó el pasado 1 de mayo una columna en la cual daba a conocer la relación entre la operación de aduanas en Tamaulipas y actos de corrupción, así como el parentesco entre uno de los señalados en un reporte del Centro Nacional de Inteligencia –hackeado por el colectivo Guacamaya– y una candidata a presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La candidata, pese a que se señaló que lo escrito por el columnista partía de un documento de inteligencia, presentó una denuncia por violencia política de género y, de inmediato, el Instituto Electoral de Tamaulipas dictó a su favor medidas cautelares ordenando a De Mauleón «retirar de inmediato la publicación. Otra, abstenerse de emitir nuevas publicaciones o expresiones que vinculen a Contreras con personas o actos delincuenciales. La Resolución avisa que en caso de desacato se impondrán las medias de apremio contenidas en el artículo 59 de la Ley de Medios, entre las que se contemplan desde las sanciones económicas hasta el arresto», como escribió en otra columna el 19 de mayo.
No es la primera ocasión en que una autoridad electoral recurre a las medidas cautelares para acallar a periodistas y sancionarlos por lo que publicaron, en una tendencia que se aprecia no sólo preocupante, sino como parte de una estrategia para establecer la censura como parte de los recursos legales para silenciar la crítica o la difusión de noticias que involucren a ciertos integrentes de la clase política actual.
Y con un partido oficial que busca inhibir la libertad de expresión –ya sea mediante agresiones de parte de sus simpatizantes o con estos recursos–, el panorama luce sombrío para la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a informarse; y no se trata de proteger la desinformación o las noticias falsas (fake news), cuyos difusores no son tratados de la misma manera, sino de diferenciar claramente intentos o actos de censura de verdaderos actos para regular el derecho a informarse y la responsabilidad que tenemos los medios en este contexto.
Censura electoral
La censura a periodistas por parte de organismos electorales en México se manifiesta principalmente a través del uso excesivo y, en ocasiones, indebido de medidas cautelares.
Así es como se describe este fenómeno:
- Aplicación de Medidas Cautelares para la Remoción de Contenido: Las autoridades electorales han comenzado a emitir medidas cautelares que solicitan directamente a las plataformas digitales la remoción de contenidos. Estas medidas buscan detener o eliminar publicaciones y difusiones en medios tradicionales y plataformas digitales. Aunque su objetivo es prevenir daños irreparables o proteger principios electorales, el informe [Informe-Censura-Electoral-1.pdf] y los casos presentados ejemplifican cómo su abuso se convierte en una herramienta de censura. La remoción de contenido se considera una medida grave y excepcional que debería resultar de un análisis judicial estricto.
- Uso de Figuras Legales como Pretexto: La censura se disfraza aprovechando figuras legales vinculadas al derecho electoral, como la calumnia electoral y, notablemente, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPRG).
- En el caso de la calumnia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido un criterio que excluye a los periodistas y medios de comunicación como sujetos responsables por calumnia electoral cuando ejercen periodismo auténtico sobre actores políticos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento explícito de la protección especial al periodismo, se siguen presentando maniobras de censura.
- La VPRG es una figura que, aunque necesaria para sancionar conductas violentas, puede ser mal utilizada por actores con poder político para encubrir hechos de corrupción, ocultar información de interés público y manipular el debate público. La ambigüedad en los criterios para definir qué constituye VPRG ha llevado a una indebida extensión de la legislación electoral a actores no políticos, incluyendo periodistas. Casos como el de la periodista Denise E. Dresser Guerra, sancionada por VPRG por opinar sobre el uso indebido de recursos públicos, son percibidos como una advertencia para disuadir la crítica. El caso de Tania Contreras y el columnista de El Universal Héctor de Mauleón, también involucra una denuncia por VPRG que resultó en medidas cautelares de remoción y restricción de publicaciones. Otro ejemplo es el de otro periodista en Aguascalientes, donde el Instituto Estatal Electoral solicitó una remoción basada en VPRG.
- Aplicación Anacrónica de Regulaciones: El modelo regulatorio electoral fue concebido para medios masivos tradicionales (radio y televisión). Su aplicación a las plataformas y redes sociales, cuya naturaleza es distinta, resulta anacrónica. A pesar de ello, se intenta aplicar esta misma regulación a Internet, lo que facilita la censura.
- Falta de Ponderación y Criterios Claros: Las autoridades electorales emiten medidas cautelares sin realizar un análisis profundo sobre los principios de la normatividad internacional en materia de libertad de expresión, especialmente al ordenar la remoción de contenidos de interés público. No siempre se realiza el necesario ejercicio de ponderación de derechos, particularmente cuando las expresiones involucran a funcionarios públicos, candidatos o partidos. La falta de criterios consistentes para solicitar la eliminación de contenidos hace de esta práctica un acto de censura. La actividad periodística goza de una presunción de licitud, y en caso de duda, la autoridad debería favorecer la protección de esta labor. Sin embargo, esto no siempre ocurre.
- Trato Inadecuado a Periodistas como Actores Políticos: En algunos casos, como el de Aristegui Noticias y Anabel Hernández, se ha dado al medio y a la periodista el mismo trato que la ley electoral brinda a partidos políticos, aspirantes o candidatos, ordenando la remoción de una nota periodística de interés público. El caso de Carlos Ramírez y su columna Indicador Político también ilustra cómo el INE inició un procedimiento sancionador contra un periodista y medios por la publicación de una columna que interpretaba datos de una encuesta, aunque el TEPJF determinó que la sanción fue indebida al tratarse de ejercicio periodístico.
- Opacidad y Falta de Transparencia: Existe una falta de transparencia por parte de las autoridades gubernamentales y de las plataformas digitales respecto a las solicitudes de remoción. No siempre se conocen los criterios legales exactos, los sujetos responsables que solicitan la remoción, o los detalles del contenido afectado. Se han observado discrepancias significativas entre el número de solicitudes de remoción reportadas por las autoridades estatales y las reportadas por las plataformas. Esta opacidad dificulta la rendición de cuentas y puede fomentar acciones arbitrarias contra la crítica.
- Otras Presiones: Además de las medidas formales, las fuentes mencionan otras formas de presión, como solicitudes de aclaraciones consideradas improcedentes por periodistas e incluso amenazas directas por parte del crimen organizado a periodistas por publicaciones sensibles, buscando su remoción. La histórica asignación discrecional de publicidad oficial también ha funcionado como mecanismo de premio/castigo para los medios.
En resumen, la censura por parte de organismos electorales hacia periodistas se instrumentaliza a través de medidas cautelares de remoción de contenido en el ámbito digital, el uso de figuras legales como la VPRG de manera ambigua y extendida a actores no políticos, la aplicación de normativas diseñadas para medios tradicionales a internet sin la debida ponderación, y la opacidad en los procesos de solicitud y remoción, generando un efecto inhibitorio en la labor periodística. Si bien se reconoce la importancia de proteger a grupos vulnerables y la integridad electoral, el abuso de estas herramientas se convierte en una restricción ilegítima a la libertad de expresión, especialmente para los discursos sobre asuntos de interés público y funcionarios.
La elección judicial y la posibilidad de que lleguen jueces y magistrados que simpatizan con el partido oficial sólo genera más preocupación porque anticipa que este tipo de recursos se usarán más seguido para acallar la crítica y al verdadero periodismo.
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