La dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha reactivado con fuerza las acusaciones contra el llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, señalando directamente al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, como promotor principal de una red de irregularidades urbanas que habría afectado a miles de familias. La estrategia surge en medio de las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo protección a cambio de apoyo electoral.
Esta coincidencia temporal genera una percepción de maniobra distractora. Mientras la Fiscalía General de la República cita a declarar a los involucrados y se tramitan solicitudes de extradición, Montiel centra el debate en presuntas corrupciones pasadas del PAN, comparando la magnitud del caso inmobiliario con una torre de 264 niveles. Romero ha negado rotundamente las imputaciones y las califica de difamación política.
Desde una perspectiva, Morena defiende que el tema inmobiliario revela un patrón sistemático de corrupción en gobiernos de oposición, afectando el patrimonio de ciudadanos vulnerables y justificando la revisión profunda de administraciones anteriores. Argumentan que ignorar estos casos sería una omisión en la responsabilidad institucional.
Sin embargo, analistas y la oposición cuestionan la oportunidad política. Encuestas recientes muestran que un porcentaje significativo de la población asocia cada vez más a Morena con el crimen organizado, con cifras que alcanzan el 60% en percepción de vínculos en casos como el de Sinaloa. El PAN reporta un crecimiento en preferencias electorales, triplicando su intención de voto en un año, precisamente al capitalizar el rechazo ciudadano a estas asociaciones.
La reactivación del cártel inmobiliario invita a la indignación por su posible selectividad. Mientras se enfatiza con vehemencia la corrupción opositora, persisten cuestionamientos sobre la lentitud en investigar nexos internos con el narcotráfico. ¿Por qué priorizar un caso inmobiliario de años atrás cuando las acusaciones estadounidenses involucran a un gobernador en funciones y comprometen la soberanía en materia de seguridad? Esta asimetría genera molestia en sectores de la ciudadanía que demandan coherencia y transparencia uniforme.
Críticos sostienen que esta táctica podría erosionar aún más la confianza en las instituciones, al percibirse como un intento de desviar atención de problemas estructurales de narcopolítica que afectan la vida diaria de millones de mexicanos. Defensores de Morena responden que la oposición instrumentaliza las acusaciones extranjeras para atacar sin pruebas concluyentes en México.
El debate pone en evidencia tensiones profundas: la responsabilidad de todos los actores políticos para enfrentar tanto la corrupción inmobiliaria como los riesgos de infiltración criminal en gobiernos. Mientras las encuestas reflejan un cambio en la percepción ciudadana, el éxito de esta distracción permanece incierto. La sociedad exige que las investigaciones avancen con rigor, sin distinciones partidistas, para restaurar credibilidad en el sistema democrático. De lo contrario, la indignación podría traducirse en un mayor castigo en las urnas.
