El PAN enfrenta un grave problema estructural que no ha sabido resolver. Lo sucedido con el alcalde de Metepec (Estado de México) demuestra que el partido carece de los controles internos necesarios para, en primer lugar, anticipar conductas indebidas de sus militantes o de los gobernantes que ganaron elecciones bajo sus siglas; y, en segundo, para inhibir estos comportamientos y evitar que dañen su prestigio.
El video en el que se observa al presidente municipal entrar a instalaciones deportivas para agredir a un ciudadano —acompañado de familiares y escoltas— no solo despertó la indignación ciudadana y la previsible reacción de Morena, sino que motivó a los usuarios de redes sociales a revisar los antecedentes del munícipe. Así se exhibió que el empresario llegó al poder apoyado por la alianza entre el blanquiazul, el PRI y el PRD, y que, aunque formalmente no está afiliado, se le identifica por completo con Acción Nacional como candidato ciudadano, una condición que la actual dirigencia panista ha mencionado como parte de su relanzamiento para invitar a personas sin partido a postularse para 2027.
La disculpa que difundió Fernando Flores mediante sus cuentas digitales, más que mitigar la crisis, la agravó. El periodista Jorge García Orozco identificó que la ropa que portaba el edil en el mensaje con el que intentó matizar su conducta era un saco marca Dior de 50,000 pesos. García Orozco también reveló que parte de su fortuna proviene de contratos públicos, además de que posee una colección de autos de lujo y una mansión en el Club de Golf Los Encinos, en Lerma, con un costo multimillonario. Un video previo del influencer Apio Quijano ya había mostrado la costosa residencia y los vehículos, material que volvió a circular para contrastar la ostentación que rodea al alcalde.
La respuesta del partido, a través de su comité directivo estatal, fue tardía y no dejó satisfechos ni a los propios militantes ni a sus críticos. Para colmo, varios de sus liderazgos se apresuraron a resaltar que el funcionario no es militante formal, como si esa evasión deslindara al blanquiazul de su responsabilidad política.
No es la primera ocasión que Acción Nacional tropieza con este tipo de escándalos. Cuando Tultitlán tuvo como presidente municipal a Antonio Ríos Granados, sus excesos se ventilaron en los medios —incluida la producción de una película que le valió el mote de «alcalde-actor»—. En ese momento, el partido no supo corregir el rumbo de la administración local ni contener el golpe a su imagen, lo que le costó perder la siguiente elección en el municipio.
Exgobernadores como Sergio Estrada Cajigal (Morelos), Guillermo Padrés Elías (Sonora) o Armando Reynoso Femat (Aguascalientes) también enfrentaron procesos legales que los llevaron a la cárcel; el PAN careció de control de daños y acabó asociado a figuras polémicas que hoy se utilizan como armas arrojadizas en las campañas electorales. Una situación similar ocurre con Francisco García Cabeza de Vaca y las acusaciones en su contra, que lo mantienen residiendo en Estados Unidos debido a una orden de aprehensión vigente en nuestro país.
Asimismo, las viejas acusaciones contra los hijos de Marta Sahagún, la tragedia de la Guardería ABC en Sonora vinculada a familiares de Margarita Zavala, o la condena de Genaro García Luna, son ejemplos históricos de la incapacidad del PAN para procesar crisis con impacto negativo en su imagen, las cuales terminan capitalizadas por sus adversarios.
Si bien Morena atraviesa por una coyuntura crítica debido a las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y nueve coacusados más, el espejo que ofrece a los panistas debería provocar una reflexión profunda. En el blanquiazul ya no basta con alegar «campañas de desprestigio» o declarar que ciertos personajes han sido dados de baja del padrón. Para evitar que el daño sea irreversible, Acción Nacional debe purgar sus filas y aplicar filtros reales antes de que la derrota electoral se vuelva definitiva.
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