Todo parece indicar que la desaparición de diversos estudiantes normalistas en Guerrero obedece a un acto perpetrado por la policía municipal en contubernio con el crimen organizado. De confirmarse la versión de los primeros detenidos, y si los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas corresponden a los estudiantes, estaríamos frente a un crimen de Estado. Ello nos conduce a un fatídico regreso a los tiempos de la “guerra sucia”, donde los disidentes políticos eran perseguidos y masacrados.
Lo que es un hecho, de acuerdo a diversas investigaciones oficiales, es que el crimen organizado ha penetrado por completo a la policía de diversos municipios de Guerrero. Un estado que sufre debilidad institucional y un vacío de poder que lo hace ingobernable. La línea entre autoridades y criminales se ha borrado en varios municipios ante la complicidad de autoridades estatales, o en el mejor de los casos, frente a su grave negligencia. En cualquier país desarrollado el gobernador en turno hubiera dimitido para facilitar la investigación sobre lo sucedido, aquí se le ocurre un plebiscito.
Los acontecimientos de Ayotzinapa no son un hecho aislado. Hace tan sólo unos días saltó a la luz pública el caso de Tlatlaya, un caso gravísimo de presuntas ejecuciones de civiles por parte del Ejército mexicano. Estos acontecimientos reflejan una dramática espiral de violencia, en la que no sólo los criminales están implicados.
Son muchos los focos rojos a lo largo y ancho del país; no se trata únicamente de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Morelos. El poder del crimen organizado sigue creciendo ante muchas autoridades que han claudicado y dejado de actuar. En el mejor de los casos algunos gobiernos aplican paliativos, pero muy pocos construyen políticas públicas de seguridad de largo alcance.
Lo acontecido en Ayotzinapa es la realidad de nuestro México que emerge con toda su crudeza. Aunque el actual gobierno federal se ha empeñado en ocultar el problema de la inseguridad y ha dejado de ser una prioridad en su agenda, al final, la realidad lo desmiente. Los hechos manifiestan, una y otra vez, el grado de descomposición que vive el país, sumido en injusticia, corrupción y negligencia.
La situación es ya tan grave que ha merecido la intervención de diversas asociaciones y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas. Todos reclaman una investigación objetiva de lo sucedido, la protección a las familias amenazadas, el castigo a todos los responsables, la reparación del daño a las víctimas y garantías de no repetición de hechos de este tipo.
El gobierno del presidente Peña debe pasar de su discurso triunfalista a asumir una actitud de responsabilidad frente a los mexicanos. El gobierno debe entender que lo importante no es cuidar la imagen del Presidente sino afrontar el problema de la inseguridad, un flagelo que desgarra la vida de las familias día a día. Los niveles de crecimiento y desarrollo que tanto anuncian las autoridades, sólo se pueden alcanzar en un Estado de Derecho; las reformas estructurales no pueden funcionar en un pantano de violencia y de impunidad. Eso lo entendió el presidente Calderón y por ello no titubeó en enfrentar el problema de la inseguridad. Este gobierno, en cambio, ha dejado espacios y tiempos, que han permitido a los criminales reorganizarse.
Aunque el Presidente y su gabinete consideran que lo más importante del sexenio ya sucedió, en realidad hay grandes desafíos por afrontar; sin lugar a duda, el más grave: recuperar el Estado democrático de Derecho.
Ayotzinapa es un grito, o más bien, un gemido, un llanto, para que todos los mexicanos nos impliquemos también en ello. Tenemos que hacer conciencia del grave deterioro que sufre nuestro país y cada uno, desde su responsabilidad actuar, contra la violencia, la impunidad y la corrupción que agobian a nuestro país.
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