La efectividad de la lucha contra el crimen requiere la colaboración internacional.
Los desafíos a la seguridad interior y los riesgos a la seguridad nacional de los países de la región, sólo podrán tener debido planteamiento y rutas adecuadas de solución, si asumimos como objetivo común la seguridad de las comunidades. En esta materia, tanto para EU como para México, es fundamental la revisión de criterios de política que impidan el acceso a armamento de alto poder a manos equivocadas. Lo interesante de la discusión es que esto va más allá de las redes de tráfico de armas entre ambos países, al representar un instrumento para cerrar espacios a reprobables actos de racismo, como el acontecido en Carolina del Sur hace algunas semanas.
Del lado mexicano conocemos bien la historia. La extinción en 2004 del “Federal Assault Weapons Ban” —regulación estadunidense que restringió por diez años el acceso y distribución de armas de alto poder— escaló la capacidad de fuego de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos, en detrimento de la convivencia pacífica de la sociedad mexicana y de una autoridad local debilitada, cada vez más necesitada de la intervención federal. El escalamiento de la capacidad criminal de fuego ha sido tal, que el decomiso de armamento es uno de los principales criterios de política en la estrategia contra las redes delincuenciales. Un esfuerzo institucional loable, y no menos preocupante, que ha llevado a nuestras Fuerzas Armadas al aseguramiento de más de 121 mil armas en los últimos 5 años, de acuerdo con cifras oficiales. Los ataques contra miembros y unidades de transportación de las fuerzas federales muestran que este renglón de la estrategia debe seguir dando resultados en los propósitos de la contención criminal. En EU la Constitución es fuente de conflicto político entre quienes apuestan por el control del acceso a armamento y quienes lo defienden como derecho fundamental. La disputa encuentra terreno en la delimitación en términos de política pública, de hasta dónde llega el derecho ciudadano de poseer armas sin que éste sea infringido por autoridad alguna y como precepto para garantizar la voluntad nacional, de acuerdo con la segunda enmienda.
Esta línea de conflicto suele activarse en el debate público en los distintos procesos electorales, así como en coyunturas de expresiones de desórdenes mentales, como son los tiroteos en espacios de convivencia colectiva. Ahí están como botones de muestra la muerte de 32 personas en el Tecnológico de Virginia —el más sangriento en la historia de EU—, el homicidio de 12 estudiantes en la preparatoria Columbine o el ataque a una iglesia en Carolina del Sur, en el que murieron nueve personas. Este último tiene tracción especial en la opinión pública, debido a su clara intencionalidad racista que, sumado a los frecuentes agravios contra la población afroamericana, ha motivado la solicitud de endurecimiento del control de acceso a armas. Ahí están los esfuerzos de involucrar a las comunidades religiosas afroamericanas, en la generación de una corriente de opinión a favor de endurecer los requisitos para el acceso a armamento y, con ello, prevenir ataques racistas. En segundo lugar, por los alcances de política pública. Los términos de protocolos para autorizar la compra de armas han levantado su dosis de polémica, con el reconocimiento de un error en el sistema de revisión de antecedentes del FBI, el cual permitió al homicida Dylann Roof la obtención del arma usada en contra de las personas. Del lado republicano acusan que, antes de exigir mayor control, debieran funcionar con efectividad los protocolos de revisión. Por el lado demócrata y de quienes piden restringir el derecho, apuntan a una revisión y endurecimiento de los protocolos establecidos, a fin de garantizar la debida revisión de cada una de las solicitudes de compra. Varios de ellos exigen al presidente Obama emitir un decreto u orden ejecutiva, que dé mayores plazos e instrumentos a las instancias revisoras.
Restringir el acceso a armamento de alto poder no debe ser debatido como fin en sí mismo, sino como un medio para afianzar la seguridad interior y la convivencia armónica de nuestras comunidades. Mucho avanzaremos como región segura si los mecanismos institucionales de cooperación e intercambio de información facilitan el mejor entendimiento del mercado de armas, sus alcances en redes criminales, racistas o en manos de personas dementes, así como los arreglos institucionales que se requieren para abonar a una Norteamérica armónica.
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