Por: Alejandro Díaz
Cuando hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de la Cuenta Pública 2019 mostrando gastos por encima de lo que inicialmente se habló, recibió la reprimenda presidencial. Ante ella, el titular de la ASF declaró que habían habido un “error metodológico”, doblándose ante la crítica como si esa aseveración tuviera algún fundamento que no fuera mantener la atención pública. Ante ese embate pocos alzaron la voz pues la actitud timorata del auditor dejó sin palabras a quienes pensaban defender su actuación.
A la semana siguiente se convocó a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF para cuestionar a los funcionarios que la realizaron. En ella, Agustín Caso, auditor especial de Desempeño y realizador de los trabajos criticados, tuvo una actitud muy distinta. No sólo defendió las conclusiones, sino argumentó a esos diputados la lista de erogaciones generadas por la decisión presidencial asumida sin tomar en cuenta todas sus implicaciones. Aclaró que la auditoría no contiene observaciones ni señalamientos de probables daños a las finanzas públicas y que las recomendaciones se hicieron para mejorar la gestión.
Si David Colmenares, el auditor superior de la ASF hubiera aclarado lo que sí hizo Agustín Caso, la opinión pública se hubiera volcado a defenderlo. Pero su actitud pusilánime ante el poder le trajo opiniones negativas de tirios y troyanos sin que nadie quisiera defenderlo.
Caso contrario ha sido el de el Juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro al conceder a un particular la suspensión provisional de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El fondo del asunto es la inconstitucionalidad de las medidas monopólicas sobre generación y despacho de plantas. Este Juez no se amilanó y hasta la hizo extensiva a todos. Hasta el momento casi todos los integrantes de la Judicatura lo apoyan. Muchos editorialistas y comentaristas externaron su apoyo, al menos hasta que dicha resolución sea conocida por la Suprema Corte.
Evidentemente es un asunto complejo. La propia Constitución establece el monopolio en la transmisión y distribución de energía eléctrica, pero excluye expresamente la generación. En ella pueden participar particulares. La mencionada Ley del Servicio Eléctrico va en contra de este punto, además de inducir el incremento de polución al preferir el uso de plantas contaminantes de la CFE sobre las modernas generadoras ecológicas (eólicas y solares), pero de propiedad privada.
Los mexicanos, en especial los funcionarios públicos, debemos mostrar siempre valor civil ante abusos de quienes sienten que su autoridad está sobre la ley, aún incluso de parte del Presidente de la República. Se debe exigir respeto a la ley y a la Constitución, recordando siempre la existencia de la separación de Poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Entre todos debemos recordarle al inquilino de Palacio los límites que tiene la investidura presidencial marcados por la Constitución. Nadie tiene autoridad para rebasar esos límites, e intentar hacerlo es propio de dictadores y va en contra del Estado de Derecho. No se debe ignorar que es el principal factor para generar confianza en el país y absolutamente necesario para generar los empleos prometidos.
Si el inquilino de Palacio insiste en criticar a jueces y a la Judicatura, e incluso en amenazar con reformar la constitución, debemos recordarle que su autoridad tiene límites. Si no atiende a sus consejeros legales, o no entiende, puede llegar a causar un daño al país más grande que la absurda cancelación del aeropuerto de Texcoco que todo apunta a que costó tres veces lo que él creyó en el momento inicial del sexenio.
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