El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) perdió 920 millones de pesos en abril de 2020 porque compró por adelantado mil ventiladores a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales sólo recibió 50 aparatos y fuera del tiempo programado de entrega señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte correspondiente al ejercicio 2020, publicado el domingo 20 de febrero.
Los aparatos fueron adquiridos de emergencia para atender a los pacientes con Covid-19, durante el primer brote de contagios en el país. De acuerdo con la ASF, la compra fue realizada por el equipo del canciller Marcelo Ebrard para comprar cubrebocas, guantes de látex y, sobre todo, los ventiladores mecánicos, para atender a pacientes graves contagiados por el entonces poco conocido virus SARS-CoV-2.
Una de estas negociaciones resultó la estafa que señaló la ASF hace unos días, cuando el Insabi hizo de manera imprudente un pago de 920 millones a Viva Enterprises Limited. Como consecuencia, el 28 de mayo de 2021, el Insabi contrató al despacho jurídico británico Peters & Peters, que se ostenta como “abogados especializados en disputas entre pesos pesados” y en litigios comerciales, para intentar recuperar el dinero perdido por la dependencia federal.
Viva Enterprises Limited es representada en México por el joven empresario regiomontano Héctor Gabriel Garza del Fierro, quien también representa a otras empresas que vendieron ventiladores al Insabi, por 603 millones de pesos. Sin embargo, en este caso el Insabi dijo no contar con contratos que establecieran las condiciones de la compra, ni tampoco actas de entrega.
Una de las empresas de Garza del Fierro cobró 465 millones de pesos al Insabi por mil ventiladores VG70, es decir, la misma cantidad y el mismo modelo que se solicitó a Viva Enterprises, pero con un sobreprecio de 304%, de acuerdo con una investigación presentada por la Revista Proceso.
El caso quedó evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de auditoría 243-DS, publicado el domingo 20, explica la investigación y agrega que hasta el momento ni el presidente, la Cancillería o el Insabi han manifestado alguna postura, aunque hubo funcionarios federales de alto nivel enterados, particularmente el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.
Por su parte el Insabi respondió a Proceso que “no podemos informar del tema porque afectaríamos la diligencia del caso”.
La Cancillería respondió que su encomienda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador fue identificar posibles proveedores en todo el mundo y una de las alternativas fue Viva Enterprises Limited. Después se lavó las manos sobre el proceso de adquisición, el cual, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) correspondió concretar al Insabi y que posteriormente brindó asesoría al Insabi para proceder legalmente contra el incumplimiento de la empresa contratada.
Consulta aquí la investigación completa.
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