David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que el organismo paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es el organismo público con mayores irregularidades tras el análisis de la Cuenta Pública 2020, que el organismo entregó a la Cámara de Diputados el fin de semana.
El funcionario federal indicó que los directivos de Segalmex tienen un mes para explicar todas las irregularidades detectadas en 2020 y, en caso que no lo consigan, determinar las penalizaciones a seguir.
“En Segalmex encontramos cosas delicadas, todavía no podemos señalar a nadie por tema del debido proceso, pero tendrán su mes de aclaración y pasa a un área de investigación, que determina si procede el tema jurídico. Es el tema más delicado, que tenemos en la auditoría”, dijo el funcionario al periodista Joaquín López-Dóriga.
La ASF señaló irregularidades por 5 mil 640 millones de pesos en Segalmex, el más alto detectado entre cualquier otra entidad del Gobierno Federal. Las inconsistencias corresponden a los conceptos:
- Adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz;
- Pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol;
- Pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas;
- Pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes;
- Faltantes de maíz y frijol en inventarios;
- Productos de canasta básica sin acreditar la entrada a almacenes;
- Salidas de efectivo no identificadas con su concepto de, y
- Penalizaciones no aplicadas en arrendamiento vehicular
Además, las empresas Liconsa y Diconsa tienen irregularidades por mil 583 millones 944 mil 761 pesos y mil 413 millones 356 mil 696, respectivamente, para un total de 8 mil 637 millones de pesos entre estas tres paraestatales.
Segalmex, dirigida por Ignacio Ovalle, administra Liconsa y Diconsa, en cuyas tiendas y lecherías se distribuyen productos de la canasta básica a bajo costo para las comunidades más vulnerables del país.
A detalle, la ASF señaló un faltante de granos de maíz y frijol entre el importe registrado en el levantamiento físico de los inventarios y la suma reportada en el registro contable, por 185 millones de pesos. Tampoco acreditó la existencia física de productos de la canasta básica, en inventarios, por 27 millones 103 mil pesos.
En cuanto a la compra de fertilizantes, abonos y plaguicidas, el organismo no pudo acreditar 49.9 millones de pesos.
Otro rubro señalado fue la prestación del servicio especializado en apoyo de actividades institucionales de Segalmex. En este caso no se pudieron comprobar sus actividades en campo, así como falta de confiabilidad en el registro de asistencias, entre otros, por 909 millones.
Un historial de irregularidades
Desde su creación en 2019, Segalmex ha acumulado denuncias e inconsistencias que han sido documentadas por la propia ASF y por la Secretaría de la Función Pública, entre rubros como entrega de contratos sin licitación y compras simuladas, además de 20 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por corrupción.
Entre los casos denunciados penalmente destacan el de René Gavira Segreste, quien hasta julio del 2020 fue director de Administración y Finanzas. En el 2019 asignó contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios fueron señalados por la ASF mediante esquema de contratación ilegal.
Mientras que en Diconsa, la ASF señaló pérdidas por 4 millones 321 pesos en cinco almacenes, donde se identificó carne en mal estado, sin que la empresa justificara la planeación de estas compras consolidadas, hallados en los almacenes: Rural Atotonilco “El Grande”, Central Puebla, Cadereyta, La Luisiada y Central Puebla. Incluso en este último centro se realizó la destrucción de este producto.
También identificó un faltante de maíz por 118 millones 545 mil pesos, aunque Diconsa informó que “se encuentran en proceso de conciliación”. En Liconsa, la ASF encontró irregularidades como la falta de acreditación de la recepción de leche e inconsistencias en el transporte de la misma.
Liconsa hizo pagos por 518 millones 422 mil pesos a cinco empresas por adjudicación directa, sin recabar la documentación que acredite la recepción de leche fresca, así como los servicios de maquila y secado. Asimismo, ASF reportó un posible daño por 620 millones 559 mil pesos sin que Liconsa haya documentado la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos.
El documento detalló que no se entregaron los anexos técnicos con el número de viajes, periodicidad y rutas, por lo que el grupo auditor no contó con los elementos para verificar que la documentación soporte de la prestación de los servicios solicitados por Liconsa.
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