Por: Marcos Pérez Esquer
Con la extensión de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte, AMLO busca el poder omnímodo.
Mediante la adición de un décimo tercer artículo transitorio al decreto de reformas legales al Poder Judicial, el Senado aprobó extender el período de duración de la presidencia del ministro Zaldívar de 4 a 6 años.
Para cuando escribo estas líneas, la Cámara de Diputados discute el asunto; de ratificarlo, se estaría aniquilando la independencia de la Corte.
La disposición viola el artículo 97 constitucional que señala que “cada 4 años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.”
El transitorio también extiende el mandato de las y los consejeros de la judicatura, violando el artículo 100 constitucional que señala que “Salvo el presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán 5 años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.
La forma en la que se introdujo ese artículo transitorio en el Senado fue de lo mas desaseado. Cuando ya estaba por terminar la sesión, la secretaría de la Mesa Directiva lee la propuesta de un senador del partido verde para agregar ese artículo, sin que hubiese sido distribuido y publicado previamente como indica el Reglamento, y se somete a votación intempestivamente sin que muchos de los senadores supieran siquiera de qué se trataba. Fue una bola rápida.
Pero insisto, más allá de la forma, el problema es de fondo… viola la Constitución. Por jerarquía normativa una reforma legal no puede estar por encima del texto constitucional, esto lo sabe cualquier alumno de primer semestre de derecho.
Lo más grave es que vulnera el principio de independencia judicial. Ya salió a la luz el respaldo del presidente López Obrador a esta decisión; el ministro sabrá que le debe su presidencia en la Corte al presidente de la República, lo que lo pondrá en disposición de beneficiarlo. Y como presidente del Consejo de la Judicatura, propenderá a adscribir jueces a conveniencia del Ejecutivo, o a sancionarlos, en su caso, si se oponen a la postura presidencial.
Por otra parte, ampliar el periodo de un servidor público en funciones, se constituye también en un privilegio, la palabra privilegio viene de los vocablos “privum” y “lex”, y significa eso: ley privada. Una norma que se emite para beneficio de alguien en particular, rompe la teoría de la ley que señala que una de las características de la ley es justamente su abstracción o impersonalidad, es decir, que no puede emitirse para regular casos individuales o para personas o grupos determinados.
Además, se le arrebata al Pleno de la Corte su derecho a elegir a su presidente el 1 de enero de 2023. Le quitan también el derecho al próximo presidente de México de nombrar a un consejero al inicio de su gestión, y al sucesor de éste, al final de su gestión; ya solo podría a nombrar a uno. El Congreso se arroga el derecho de nombrar al presidente de la Corte para el 2023 y 2024, cuando ninguna disposición le da esa facultad, y a nombrar a un consejero que corresponde al Ejecutivo nombrar.
Se esgrime como justificación de la medida la necesidad de “implementar la reforma constitucional al Poder Judicial». Eso es totalmente absurdo, ahora resulta que solo Zaldívar podría implementar la reforma, como si ningún otro ministro o ministra pudiera hacerlo. La aplicación de la ley no depende de las personas que eventualmente ocupan los cargos públicos, quien sea que los ocupe, debe cumplirlas, punto.
Si alguna vez ocurrió algo análogo (como sucedió con el TRIFE en 2016), ello no debe ser pretexto para volver a violar la Constitución. De hecho, después se corrigió ese criterio cuando se invalidó la extensión del mandato de los magistrados de Morelos, o el del gobernador Bonilla en Baja California, por ejemplo.
Convalidar el famoso transitorio abriría la puerta para que a cualquier servidor público que haya sido electo para algún periodo, se le pudiera ampliar ese periodo mediante una simple reforma legal. Con ese criterio, no habría objeción por ejemplo para ampliar el periodo de López Obrador de 6 a 8, a 10, a 12 años, o a los que se quiera.
La gran trampa acá, es que el asunto habría que impugnarlo precisamente ante el Poder Judicial, que sería juez y parte.
Estamos ante la captura del Poder Judicial por parte del presidente López Obrador. El proyecto de instauración de un régimen autoritario sigue avanzando.
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