Al vapor

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Una terrible tentación del actual gobierno y del grupo parlamentario del PRI es la aprobación en fast track de proyectos de ley de muy alto impacto. Es el caso de la Ley General de Aguas (LGA), que se presentó como Proyecto de Dictamen por parte de algunos diputados al pleno apenas el pasado 26 de febrero.

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y a la de Recursos Hidráulicos, para su discusión y la elaboración del Proyecto de Decreto.

Consulté a diputados de dichas comisiones el día 2 de marzo y no les había llegado el proyecto de ley, por lo tanto no tuvieron posibilidad ni siquiera de ojearlo antes de la reunión convocada.

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La discusión y aprobación del proyecto en comisiones unidas se llevó a cabo el 4 de marzo y fue aprobado para llevarlo al pleno a su discusión y aprobación. Esta acción violentó el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que establece un tiempo mínimo para la distribución, lectura y análisis de los proyectos de ley por parte de los diputados integrantes de las comisiones.

Quiere decir que el Proyecto de Decreto fue aprobado sin dar un tiempo mínimo a los diputados para su análisis y por lo tanto, desde mi punto de vista, debe ser rechazado por el pleno de la Cámara y devuelto a comisiones para su discusión.

La LGA representa una de las normativas más importantes para el país en este momento, porque el deterioro de nuestros recursos hídricos es alarmante y la escasez de agua para sus distintos usos es cada día mayor. Hay una tremenda contradicción en el espíritu que se desprende del Derecho Humano al Agua en el Art. 4° constitucional, donde se ordena garantizar el acceso al agua a toda la población con un mínimo de agua de calidad y la terrible realidad de pérdida de cuencas y acuíferos, la limitada capacidad de tratamiento y la contaminación de la mayor parte de los cuerpos de agua del país.

La actual administración con esta iniciativa busca concentrar, centralizar, controlar las decisiones en cuanto a la administración del agua, cuando lo que debería garantizar es una amplia participación ciudadana en los Consejos de Cuenca para lo contrario, desconcentrar y descentralizar las decisiones. Yo veo un retroceso serio y por lo mismo propongo abrir el debate. La iniciativa no tiene que aprobarse en automático, sino más bien reflexionarla a profundidad con actores de la sociedad, académicos y especialistas. El futuro de México está en una mejor administración y cuidado del agua.


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