Abrimos o morimos es el grito de auxilio bajo el cual los restauranteros del Valle de México decidieron reabrir, a pesar de la ampliación del periodo de semáforo rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, que supone que deberían mantener sus puertas cerradas. La industria restaurantera ha sido una de las más afectadas por las medidas sanitarias para contener al covid-19: de acuerdo con sus voceros, en la Zona Metropolitana del Valle de México se han cerrado 13,500 establecimientos en lo que va de la pandemia. Sólo en el Estado de México se tenían registrados 70 mil restaurantes que generaban 340 mil empleos directos, de los cuales han cerrado definitivamente 10 mil, con una pérdida de, al menos, 50 mil empleos.
Como en todos los sectores económicos, la mayoría de las empresas que conforman el sector restaurantero son micro, pequeñas y medianas. Éstas son las que más empleos formales generan y las más vulnerables por falta de un gran capital que les permita aguantar tantos meses sin generar nuevos ingresos.
Ver a los restauranteros manifestándose con pancartas, acompañados de meseros y cocineros, me recordó lo que muchos llevamos meses advirtiendo: que llegaríamos a este escenario donde nuestros generadores de empleos caen, uno a uno, si el gobierno no generaba programas de apoyo ad hoc, como los que muchos otros países similares a México, e incluso con economías más pequeñas han implementado, y que los organismos internacionales de todas las orientaciones ideológicas han recomendado. Duele e indigna ver que a los dueños y empleados de las mipymes no les queda otra alternativa más que desafiar al gobierno que debió tenderles la mano en vez de ponerles el pie en el cuello.
La misma semana se difundió en la radio un estudio, con datos del Fondo Monetario Internacional, que compara las medidas fiscales como porcentaje del PIB implementadas por 84 países para apoyar a la población en general y a los emprendedores. México está en la posición 83, con menos del 3% del PIB, sólo arriba de Uganda y muy por detrás de Brasil, Chile y Argentina.
Este comparativo se suma a los del G20 y la Cepal. El primero indica que México ocupa también el penúltimo lugar de los 20 países con las economías más grandes, con 7% de su PIB sólo por arriba de Sudáfrica. El segundo, de la Cepal, contabiliza distintas medidas de política fiscal, monetaria, empresarial, estímulos económicos y controles de precios, entre otras, y México vuelve a estar en los niveles más bajos, ya que mientras Brasil cuenta con un total de 86 acciones, Colombia con 81, Argentina con 79 y Chile con 48, México tan sólo ha implementado 25 acciones: 2 de política fiscal, 10 de política monetaria, 2 de política empresarial, 3 de restricciones de la actividad económica, 4 relativas a estímulos económicos y 2 de alivio de deuda. Una pena.
Pero la responsabilidad no es solo del gobierno federal o de los gobiernos de los estados que por su parte han hecho esfuerzos proporcionales a su capacidad para ayudar a las mipymes, sino también del Congreso, principalmente de la mayoría, que se ha negado a impulsar las medidas de apoyo planteadas por el sector privado y la oposición, y se han automutilado en sus capacidades de definir políticas económicas que hubieran dado respuesta a sus propios representados.
Aún no es tarde para rectificar, y no dejaremos de insistir en que, si no se hace, el abrimos o morimos alcanzará a otras industrias que tampoco aguantan más.
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