Este primero de junio, millones de mexicanas y mexicanos, tendrán en sus manos cambiar un sistema de justicia vertical que por décadas dio muestras de una franca parcialidad a favor de los sectores sociales con mayores recursos económicos, patentado el axioma de que en nuestro país, “la justicia se vende al mejor postor”.
Para la población en general, pero de manera especial para las clases trabajadora, indígena y campesina, será importante reflexionar sobre el modelo de jueces, magistrados y ministros que necesita el país para que el sentido de la justicia social permee a los fallos del Poder Judicial, permitiendo que desde los estrados se cambie el actual contexto de desigualdad que se agudizó con mayor crudeza en los gobiernos neoliberales.
Habrá que preguntarse la sociedad, ¿cuántos de los injustos fallos emitidos no precisamente por la puntual interpretación de la ley, sino por la prevalencia de intereses de grupos fácticos, han afectado la vida de miles y miles de personas?
La burbuja de privilegios en que vivieron los anquilosados miembros del corrompido Poder Judicial, terminaron por aislarlos de la terrible realidad que han enfrentado generaciones enteras, empobrecidas tanto en el campo y las ciudades por sentencias favorables a los grandes consorcios nacionales y extranjeros o, en su defecto, a las políticas antinacionalistas de gobiernos del PRIANISMO, que permitieron la venta de empresas públicas en el sexenio de Carlos Salinas, y la extinción de otras, como ocurrió en octubre del 2009 con Luz y Fuerza del Centro, en el gobierno de Felipe Calderón.
Por primera vez en la historia y de manera democrática, el próximo primero de junio la agraviada población mayoritaria, esa que al no tener recursos para pagar abogados en las instancias federales debió resignarse a ser víctima de atropellos y despojos, tendrá en sus manos el poder determinar con su voto a un nuevo arquetipo de impartidores de justicia que le restituyan sus derechos conculcados por sentencias amañadas.
Del otro lado de la moneda, los grupos de poder que minaron la autonomía del Poder Judicial para acomodar la aplicación de la ley de una manera históricamente injusta y siempre acorde a sus intereses, han venido tratando de desacreditar el proceso para que sus juzgadores de consigna continúen secuestrando el Estado de Derecho.
Es momento de que México cambie y el pueblo vote por jueces que miren la aplicación de la ley sobre una óptica distinta a de las interpretaciones jurídicas que a lo largo de los años han afectado a la sociedad por su marcado desaseo del que no estuvieron exentos los propios miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como ha quedado demostrado, actuaron de manera recurrente, obedeciendo las órdenes del Poder Ejecutivo en turno.
Con su voto, millones de ciudadanos tendrán el poder de dar un giro de 180 grados a la injusta aplicación de las leyes en México. Es una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse porque del nacimiento de un nuevo Poder Judicial que vea a la justicia como un derecho humano, dependerá que el viejo esquema de justicia vertical, cambien por uno donde el Estado de derecho no se rija por criterios económicos sino sociales.
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