Ahí anda el cuento de los derechos de las audiencias, que suenan lindos en el papel: que el público sepa cuándo es noticia y cuándo pura opinión, que no le metan publicidad disfrazada de información y demás. Pero como todo en este país, la letra chiquita trae su propia trampa.
El riesgo no es que llegue un inspector a apagar el micrófono a la brava. Es más sutil y más jodido: el efecto disuasorio. Ese frío en la espalda que le entra al comunicador cuando piensa “mejor no toco ese tema, no sea que me caiga una multa o un procedimiento administrativo y me dejen sin chamba”. Antes de arriesgarse, prefiere callarse. Se autocensura. Y listo: el silencio llega sin que nadie haya tenido que levantar la voz.
La presidenta Sheinbaum lo dijo clarito: si quisieran censurar, ya lo habrían hecho, porque tienen los instrumentos, incluso la interpretación legal. Y agregó que no lo van a hacer porque no creen en eso, por convicción. Muy bien. El detalle es que no hace falta censura directa cuando el miedo a la sanción ya hace el trabajo sucio. Con la simple amenaza de que alguien del gobierno pueda interpretar qué es “información veraz”, qué es “opinión” o qué se pasa de la raya, muchos van a preferir no molestar.
No se trata de defender a los medios que mienten a diestra y siniestra ni a los que se venden al mejor postor. Hay de todo en la viña del Señor. Pero entre proteger a las audiencias y crear un ambiente donde el periodista piensa dos veces antes de soltar una crítica incómoda, hay un trecho peligroso. Porque cuando el miedo se instala en la redacción, la información que llega al ciudadano ya viene filtrada, suavizada, acomodada.
Al final, el que pierde no es el medio ni el conductor de la mañana. Pierde la gente que necesita enterarse de lo que de verdad está pasando, sin que nadie le ponga el filtro del “mejor no me arriesgo”. Y eso, aunque se vista de derechos de las audiencias, sigue oliendo a control por la puerta de atrás.
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