La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio, el gobierno federal promoverá una discusión pública sobre el uso de inteligencia artificial, redes sociales y dispositivos móviles, con énfasis en su impacto en niñas, niños y adolescentes. La mandataria insistió en que el proceso no debe entenderse como censura, sino como una revisión de beneficios, riesgos y abusos, con participación de especialistas, legisladores y familias. El anuncio, sin embargo, no llega en el vacío: coincide con un precedente estatal que ha encendido las alarmas del gremio periodístico y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El antecedente que inquieta
En San Luis Potosí, una reforma al Código Penal aprobada en noviembre de 2025 tipificó como delito el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, con penas de hasta ocho años de prisión. Desde el 21 de mayo, al menos tres comunicadores fueron detenidos y se giraron órdenes de aprehensión contra otras ocho personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora de varios medios locales. Organizaciones como Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras documentaron que los casos estarían vinculados con la difusión de un video de 2025 en el que presuntos integrantes del crimen organizado señalaban al gobernador Ricardo Gallardo, quien calificó el material como manipulado con IA. Semanas después se reformó el código penal estatal.
Las organizaciones señalaron que la aplicación retroactiva de la norma viola el artículo 14 constitucional y que los tipos penales, redactados de forma ambigua, generan un efecto inhibitorio sobre la crítica legítima. Ciudadanos y periodistas presentaron una iniciativa para derogar los artículos cuestionados, argumentando que la ley se ha convertido en una herramienta de acoso judicial contra voces críticas del gobierno estatal.
La postura oficial: regular sin censurar
Consultada sobre el caso potosino, la propia Sheinbaum reconoció desconocer el detalle de la ley local, aunque admitió que la prisión puede cruzar la delgada línea entre regulación y censura. En su anuncio más reciente, la presidenta enmarcó la discusión federal en un eje distinto: la protección de menores frente a la adicción a pantallas, la concentración de poder en las plataformas digitales y la necesidad de revisar experiencias internacionales de regulación, sin que ello implique, según sus palabras, ningún sesgo de censura.
Entre la protección legítima y el riesgo de abuso
El contraste entre ambos discursos alimenta la polémica. Para un sector, la experiencia de San Luis Potosí demuestra que las leyes de inteligencia artificial, aun cuando se presentan como mecanismos de protección a la dignidad o la identidad digital, pueden convertirse en armas de represalia política cuando la definición de «manipulación» o «desinformación» queda en manos discrecionales de fiscalías estatales y funcionarios señalados en los propios contenidos cuestionados. Para otro sector, la preocupación de Sheinbaum por los efectos de la IA en menores de edad y por la concentración de poder en las plataformas tecnológicas responde a un fenómeno global genuino, replicado en distintas legislaciones sin que ello derive automáticamente en persecución periodística.
El punto de fricción no es si la inteligencia artificial requiere marcos normativos —la mayoría de los actores coincide en que sí— sino quién redacta esos marcos, con qué precisión jurídica y bajo qué controles frente al riesgo de que una ley diseñada para proteger termine empleándose para silenciar. La experiencia potosina, con al menos once periodistas bajo investigación según Artículo 19, funciona como advertencia de lo que puede ocurrir cuando la ambigüedad legal se combina con el interés de actores políticos señalados en el contenido que la norma pretende sancionar.
La discusión nacional que promete el gobierno federal después del 19 de julio tendrá, entonces, un examen de origen ineludible: si logra blindar la crítica periodística legítima frente a la manipulación digital genuina, o si repite, a escala federal, el patrón que hoy mantiene a comunicadores potosinos bajo proceso judicial por informar sobre el poder.
