miércoles, julio 15, 2026
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La Fe Como Estrategia de Estado

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El uso político de los símbolos religiosos vuelve a situarse en el centro del debate público mexicano, esta vez con la presidenta Claudia Sheinbaum como protagonista de una contradicción que sus críticos no dejan pasar por alto. Antes de asumir el Poder Ejecutivo, la mandataria declaró abiertamente no profesar ninguna religión. Sin embargo, ese posicionamiento personal contrasta con una serie de gestos públicos que han multiplicado las lecturas sobre un presunto oportunismo simbólico rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Durante su campaña, Sheinbaum apareció en actos públicos con prendas alusivas a la Virgen de Guadalupe y collares con la cruz católica. Ya como presidenta, ha encabezado eventos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, como el programa «Sí al desarme, sí a la paz», y sostuvo una llamada telefónica con el papa León XIV en el Día de la Virgen de Guadalupe, ocasión en la que extendió una invitación formal para que el pontífice visite México. El gesto no pasó inadvertido para la oposición: la senadora panista Kenia López respondió públicamente que el gobierno invita al Papa mientras persigue a la Iglesia en algunos estados, mientras otros sectores hablaron de instrumentalización de la fe guadalupana.

A esto se suma un dato documental relevante: el propio Primer Informe de Gobierno reveló que la administración federal registró como marca la denominación «Virgen de Guadalupe» el 4 de julio de 2025, sin que se explicara la razón por la cual una figura religiosa se considera un proyecto prioritario en un Estado constitucionalmente laico. La ausencia de justificación oficial alimenta la sospecha de que la imagen guadalupana se ha convertido en un activo de comunicación gubernamental más que en un simple gesto de respeto cultural.

El contexto político explica, al menos parcialmente, esta estrategia. Las encuestas más recientes muestran un desgaste sostenido tanto de la presidenta como de Morena. Según mediciones difundidas en mayo de 2026, la aprobación de Sheinbaum cayó de 80% en marzo de 2025 a 59% un año después, mientras su desaprobación aumentó de 15% a 39% en el mismo periodo. Otras casas encuestadoras registran cifras distintas, con niveles de aprobación superiores al 60%, lo que evidencia un panorama demoscópico heterogéneo, pero coincidente en una tendencia descendente. En paralelo, el 68% de los encuestados considera que la presidenta está perdiendo el control del país, una percepción que erosiona el capital político previamente construido.

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El desgaste no es únicamente de imagen. Escándalos como el señalamiento de fiscales estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, han golpeado la narrativa de control institucional del gobierno federal. En ese entorno de fricción con Washington y de fatiga social frente a la violencia, recurrir a símbolos de arraigo popular como la Virgen de Guadalupe funciona como un mecanismo de cohesión emocional que trasciende el discurso técnico de las políticas públicas.

La contradicción de fondo, sin embargo, no desaparece. Un gobierno que se define laico, encabezado por una científica que ha declarado no tener creencias religiosas, recurre sistemáticamente a la iconografía católica en momentos de vulnerabilidad política. Esta tensión no es exclusiva de Sheinbaum ni de Morena: la historia política mexicana está llena de ejemplos de líderes que apelan a la fe popular cuando el discurso racional o programático no basta para sostener la legitimidad. Lo distintivo en este caso es la magnitud del contraste entre el discurso personal previo y la práctica presidencial actual.

Queda abierta la pregunta de fondo, no como interrogante retórica sino como materia de análisis: hasta qué punto la laicidad del Estado mexicano es compatible con el uso reiterado de símbolos religiosos como herramienta de comunicación política, y si dicha práctica fortalece genuinamente la cohesión social o simplemente posterga el desgaste de un proyecto político que enfrenta, cada vez con mayor claridad, los límites de su propio relato.

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