La crisis de seguridad y desapariciones en México se mantiene como uno de los desafíos políticos y sociales más profundos y urgentes del país. De acuerdo con un análisis detallado sobre el registro histórico de personas desaparecidas y no localizadas con corte a julio de 2026, la tendencia no muestra señales de mitigación. Los datos revelan un panorama alarmante donde las administraciones recientes concentran la mayor parte de la estadística histórica acumulada en las últimas décadas.
Durante el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró un pico sin precedentes, acumulando el 42% de las desapariciones no localizadas reportadas desde 1988, lo que equivale a 52,575 casos. Esta pesada herencia en materia de seguridad se ha extendido al actual mandato de Claudia Sheinbaum, donde en menos de dos años ya se concentra el 16% del total histórico, sumando 20,303 personas de las que aún se desconoce su paradero.
El ritmo de reportes bajo la gestión de la primera mandataria promedia casi mil desapariciones sin localizar por mes. Esta constante mantiene bajo un intenso escrutinio las estrategias de pacificación y las políticas de la llamada continuidad gubernamental, consolidando este fenómeno como una prioridad crítica de la agenda pública y el debate parlamentario.
Al analizar la composición sociodemográfica del problema, el factor de género muestra una marcada asimetría. Los hombres representan la gran mayoría de las víctimas en el territorio nacional, constituyendo el 77% de los registros en lo que va del mandato actual. Por su parte, las mujeres desaparecidas y no localizadas equivalen al 23% restante, sumando 4,663 casos documentados. Esta distribución refleja las dinámicas de violencia que azotan las distintas regiones y que impactan diferenciadamente a la población.
Geográficamente, el fenómeno de la desaparición en este periodo no se distribuye de manera uniforme, sino que muestra una alta concentración en puntos clave del país. Seis entidades federativas encabezan la lista de incidencia: el Estado de México, Sinaloa, la Ciudad de México, Baja California, Michoacán y Guanajuato. En conjunto, estos seis territorios concentran el 48% de todos los casos de personas desaparecidas sin localizar reportados durante el presente sexenio. Esta focalización territorial pone en evidencia fallas estructurales y operativas tanto en las fiscalías locales como en las estrategias coordinadas con las fuerzas federales.
La acumulación de estas cifras, provenientes de los registros oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Secretaría de Gobernación, evidencia que la desaparición sigue firmemente arraigada en la realidad nacional. Para el público interesado en la política mexicana, estos números no representan únicamente estadísticas frías, sino el termómetro del éxito o fracaso de los planes de seguridad interior, la efectividad del Sistema Nacional de Búsqueda y la capacidad del Estado para garantizar la integridad de sus ciudadanos. El reto para los tres niveles de gobierno sigue siendo mayúsculo en un entorno donde la exigencia social de justicia e información transparente es cada vez más demandante.
