En apenas siete días, una acumulación de señalamientos judiciales, financieros y de percepción pública volvió a colocar a Morena en el centro del escrutinio internacional. El denominador común: vínculos, reales o presuntos, entre figuras del partido gobernante y estructuras del crimen organizado, además de episodios que contrastan con el discurso de austeridad republicana que ha definido su identidad política.
El expediente del huachicol y las campañas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC y FinCEN, sancionó a dos mexicanos y nueve empresas por una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y afirmó que las ganancias del huachicol fiscal se han usado para pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos. El comunicado no identificó partidos ni candidatos específicos, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a exigir pruebas verificables antes de asumir el señalamiento como hecho consumado. Días después, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que el gobierno de Rubén Rocha Moya transfirió recursos públicos a una de las empresas sancionadas por esa misma red.
Sinaloa, Chiapas y Michoacán bajo la lupa
El caso Rocha Moya no es aislado. El gobernador con licencia enfrenta ya una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos. A esa lista se sumó el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, señalado por investigaciones estadounidenses por presuntos nexos con La Barredora y el CJNG durante su gestión como gobernador de Chiapas. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido vinculado por reportes periodísticos y de inteligencia militar a Cárteles Unidos, aunque hasta ahora no existe una acusación formal en su contra equiparable a la de Rocha Moya.
El telón de fondo bilateral
Este ambiente de tensión coincide con la decisión de Estados Unidos de no renovar automáticamente el T-MEC por 16 años adicionales, optando en su lugar por revisiones anuales durante la próxima década. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistió en que esto no representa una ruptura del tratado, pero analistas coinciden en que Washington busca mantener una palanca de presión sobre México en múltiples frentes, incluido el de seguridad.
Un capítulo adicional: el caso Zambada
A esto se sumó la revelación del periodista Luis Chaparro, en el medio Pie de Nota, de que el FBI reconoció formalmente su participación directa en la captura y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024, un hecho que la propia Sheinbaum pidió investigar por sus implicaciones sobre la soberanía nacional.
El contraste interno
En el plano doméstico, la detención de un coordinador regional de gobierno en el Estado de México por presunto secuestro y delincuencia organizada, dentro del Operativo Enjambre, se sumó a los cuatro muertos registrados en los festejos de Paseo de la Reforma tras el triunfo de la selección mexicana, un episodio que el gobierno de Clara Brugada atribuyó a una afluencia imprevista pese a tratarse ya del cuarto partido con festejos masivos. Paralelamente, imágenes de figuras cercanas al obradorismo disfrutando de destinos y marcas de lujo en el extranjero han reavivado el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad republicana y la conducta de algunos de sus representantes.
Las posturas en disputa
Para la oposición, la acumulación de estos episodios confirma un patrón sistémico de colusión entre el partido gobernante y el crimen organizado. Para Morena y el gobierno federal, se trata de una ofensiva political calculada desde sectores conservadores de Estados Unidos, que buscan capitalizar el tema rumbo a las elecciones de noviembre en ese país y las de 2027 en México. Ambas lecturas contienen elementos verificables: existen sanciones, transferencias documentadas y acusaciones formales, pero también es cierto que gran parte de los señalamientos aún no se traduce en sentencias firmes ni en pruebas plenamente públicas.
Lo que esta semana deja claro es que el desgaste de imagen de Morena ya no depende únicamente de sus adversarios políticos, sino de instituciones extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y las propias redes sociales, donde la disonancia entre discurso y conducta se documenta en tiempo real.
