El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), nombró el 30 de junio a 11 personas, físicas y morales, presuntamente vinculadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte, elaborado con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, sostiene que los cárteles destinan recursos del huachicol a pagos en efectivo dirigidos a campañas políticas y medios de comunicación, con el objetivo de favorecer a candidatos dispuestos a colaborar con el crimen organizado.
El señalamiento se da luego de que el Departamento de Justicia solicitó a México la detención con fines de extradición de nueve políticos morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que añade tensión política al nuevo expediente, aunque se trata de organizaciones criminales distintas. Entre los sancionados destaca Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y operador financiero del CJNG, a quien se atribuye la creación de empresas fachada y la falsificación de documentos aduanales, así como J. Refugio Ruiz Villagómez, ligado a esquemas similares de contrabando fronterizo.
Es importante subrayar, con rigor periodístico, que el comunicado no vincula a los sancionados con un partido político, campaña o funcionario específico, sino que lo presenta como un modus operandi general dentro del análisis sobre huachicol fiscal y lavado de dinero. Esta distinción resulta central: existe diferencia entre una alerta financiera, una investigación en curso y una prueba judicial concluyente.
La respuesta presidencial no se hizo esperar. Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre la acusación y, en su conferencia matutina, cuestionó que el Tesoro se adelantara a una comunicación conjunta, señalando que las personas mencionadas ya estaban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. Este patrón de respuesta —exigir evidencia antes de reconocer la gravedad del señalamiento— reproduce la postura que la mandataria adoptó frente a acusaciones previas del Departamento de Justicia contra funcionarios de Morena en Sinaloa, lo que abre un flanco de crítica: ¿responde el gobierno con escepticismo institucional legítimo o con una estrategia reiterada de deslegitimación de fuentes incómodas?
Ambas lecturas tienen sustento. Por un lado, exigir pruebas verificables ante señalamientos extranjeros sin identificación de responsables concretos es una exigencia democrática razonable, más aún cuando Washington ha politizado selectivamente sus acusaciones contra gobiernos latinoamericanos en el pasado. Por otro, la reiteración del mismo guion discursivo —cuestionar la evidencia sin abrir una investigación paralela robusta y pública— alimenta la percepción de que el Ejecutivo prioriza el control del relato sobre el esclarecimiento de un fenómeno que, de confirmarse, comprometería la integridad del sistema electoral mexicano.
El financiamiento ilícito de campañas y medios mediante recursos del crimen organizado no es una hipótesis nueva en el debate público mexicano; distintos medios nacionales han documentado rutas similares en años anteriores. Que la principal fuente de contraste sea, una vez más, un organismo extranjero, plantea una pregunta de fondo sobre la capacidad y voluntad de las instituciones mexicanas para investigar de manera autónoma y transparente estos esquemas, independientemente del color partidista de quienes pudieran resultar señalados.
