El mapa de la seguridad en México muestra una realidad persistente. Durante la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, se han acumulado 8,082 denuncias por el delito de violencia de género en el país, según el corte estadístico más reciente de abril de 2026. Esta cifra pone de relieve uno de los desafíos más complejos de la agenda política nacional y de las instituciones de procuración de justicia.
A pesar de la dimensión acumulada, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan una desaceleración en el corto plazo. En abril de 2026 se registraron 429 denuncias por violencia de género a nivel nacional, lo que representa una disminución del 15% en comparación con las 503 carpetas de investigación reportadas en abril de 2025. Esta tendencia a la baja marca un respiro frente a los picos históricos documentados en los últimos años, donde 2024 alcanzó el punto más alto con 6,614 casos registrados, seguido de una ligera disminución en 2025 con 6,539 denuncias. En lo que va de 2026, el corte parcial suma 1,543 casos.
El análisis territorial revela una concentración crítica de la incidencia delictiva. Tan solo tres entidades federativas acumulan el 93% de todos los casos reportados durante el actual sexenio. Veracruz lidera la lista en números absolutos con 3,074 registros de violencia de género, seguido muy de cerca por el Estado de México con 2,580 casos, y Querétaro en tercer sitio con 1,830 denuncias. El resto de la República Mexicana se reparte el porcentaje restante con cifras significativamente menores, lo que evidencia que el fenómeno golpea con fuerza focalizada a regiones específicas del centro y oriente del país.
Al evaluar el impacto de este delito en proporción al tamaño de la población, el orden de gravedad se modifica y enciende alarmas en el bajío mexicano. Querétaro encabeza la tasa nacional por cada millón de habitantes con 773 denuncias por violencia de género. Detrás se ubican Veracruz, con una tasa de 381 registros, y el Estado de México, con 152 denuncias por cada millón de residentes.
Estas estadísticas cobran relevancia en el debate público actual, donde legisladores y organizaciones civiles exigen evaluar la eficacia de los mecanismos locales de protección a las mujeres y las estrategias de prevención del delito. La marcada disparidad entre entidades federativas sugiere la necesidad de revisar no solo los entornos de violencia, sino también la confianza ciudadana y los criterios institucionales empleados en cada estado para tipificar y registrar formalmente estas denuncias ante el Ministerio Público.
