El delito de corrupción de menores en México mantiene cifras que encienden las alarmas en el panorama de la seguridad y la política nacional. De acuerdo con el más reciente reporte de la firma TResearch International, basado en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han denunciado un total de 4,284 casos de corrupción de menores en todo el país.
La estadística, con corte al mes de abril de 2026, muestra una ligera tregua en el comportamiento mensual del delito. Durante el pasado mes de abril se registraron 281 denuncias a nivel nacional, lo que representa una disminución del -11% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando la cifra alcanzó los 315 expedientes. A pesar de este descenso coyuntural, el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 ya suma 1,085 casos, una tendencia que preocupa a analistas y legisladores por el bienestar de las infancias en el país.
La herencia de un año histórico y la concentración estatal
El análisis histórico que ofrece el informe revela que la problemática viene arrastrando una inercia sumamente compleja. El año 2025 cerró como el periodo más violento para los menores en esta materia desde que se tiene registro oficializado (serie 2015-2025), alcanzando la lamentable cifra histórica de 3,199 denuncias.
Al poner la lupa sobre la distribución geográfica del delito durante la actual administración federal, resalta una marcada centralización en tres entidades federativas. Los estados de Guanajuato, la Ciudad de México y Nuevo León concentran, de manera conjunta, el 43% de todos los casos de corrupción de menores denunciados en la República. En números absolutos, Guanajuato encabeza la lista con 930 registros, seguido por la capital del país con 489 casos y Nuevo León con 413 carpetas de investigación.
El foco rojo: Denuncias por cada millón de habitantes
Para dimensionar el impacto real de la incidencia delictiva más allá del volumen poblacional, el reporte evalúa la tasa de criminalidad por cada millón de habitantes. Bajo este indicador, el estado de Guanajuato se consolida como el principal foco rojo del país al registrar una tasa de 151 denuncias.
El mapa de riesgo se extiende con preocupación hacia las zonas turísticas y del norte. El segundo lugar nacional lo ocupa Baja California Sur, con una tasa de 139 registros por cada millón de habitantes, mientras que Quintana Roo se ubica en la tercera posición con 129 denuncias.
Estos datos ponen en el centro del debate público la efectividad de las políticas locales de prevención y la urgencia de coordinar esfuerzos federales para frenar un delito que vulnera el tejido social desde su base más joven. La evolución de estas cifras en los próximos meses será clave para medir la estrategia de seguridad pública del gobierno actual.
