El discurso oficial repitió durante años que la corrupción había sido erradicada. La realidad, medida con cifras y encuestas, demuestra exactamente lo contrario.
En 2025, la corrupción en México provocó pérdidas económicas por 17 mil 707 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, con un costo promedio de 3 mil 865 pesos por cada persona afectada. No es un dato aislado ni una anomalía estadística: es la continuación de una tendencia que creció de forma sostenida durante los años en que el gobierno federal proclamaba haber terminado con este flagelo. En 2021 ese costo era de 8 mil 358 millones de pesos; en 2023 alcanzó 11 mil 911 millones. El 2025 registró así una cifra histórica, casi el doble que al inicio del sexenio de López Obrador.
La brecha entre el relato y la evidencia es escandalosa. El 84.1% de los mexicanos considera frecuentes o muy frecuentes las prácticas de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Eso significa que ocho de cada diez ciudadanos perciben al Estado como un aparato corrompido, mientras el discurso oficial construyó durante años una narrativa de transformación y honestidad republicana. El 75.5% de los mexicanos considera que las autoridades actúan con corrupción, frente a solo el 24.5% que percibe honestidad en las instituciones.
Las instituciones peor evaluadas son reveladoras: la policía encabeza la lista con 86.5% de percepción negativa, seguida de los partidos políticos con 83.9%, los ministerios públicos y fiscalías estatales, los gobiernos estatales y la Cámara de Diputados. Dos de cada tres personas que tuvieron contacto con policías reportaron experiencias relacionadas con corrupción o extorsión: el cuerpo del Estado que debería garantizar la seguridad es, en la práctica cotidiana, uno de sus principales vectores de abuso.
El nuevo gobierno tampoco escapa al escrutinio. Según una encuesta de El Financiero de enero de 2026, aunque el 69% de los encuestados aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo el 17% cree que su gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción. La discrepancia es contundente: popularidad alta, confianza anticorrupción bajísima.
El manejo presupuestal agrava el cuadro. Organizaciones civiles señalan que el presupuesto destinado al combate a la corrupción incluye gastos operativos disfrazados sin relación real con ese objetivo, y al menos cinco organismos especializados en la materia, como la Auditoría Superior de la Federación, enfrentan recortes. Debilitar las instituciones fiscalizadoras mientras se proclama la lucha anticorrupción es, en el mejor de los casos, una contradicción; en el peor, una política deliberada.
México obtuvo 27 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, manteniéndose entre los peores lugares a nivel mundial. La retórica del «ya se acabó la corrupción» no solo fue falsa: normalizó la impunidad al desactivar la exigencia ciudadana de resultados concretos. Millones de mexicanos siguieron pagando mordidas mientras escuchaban que el problema era del pasado.
