La política mexicana enfrenta uno de sus episodios más tensos y contradictorios. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y uno de los aliados más cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra hoy bajo el fuego cruzado de acusaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. Esta situación no solo pone a prueba la estructura de Morena, sino que revive un fantasma que el propio López Obrador utilizó para atacar a sus adversarios: la sombra de Genaro García Luna.
La relación entre Rocha Moya y AMLO no es nueva; es un vínculo de casi tres décadas. Desde 1998, cuando López Obrador impulsó a Rocha como candidato a la gubernatura de Sinaloa por el PRD, ambos han mantenido una amistad que trasciende lo político, calificada por el propio expresidente como de «hermanos». Esta confianza fue tan sólida que, en 2021, AMLO habría impuesto a Rocha como candidato de Morena pese a que las encuestas internas favorecían a otros perfiles.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en abril de 2026. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de su administración de colusión con «Los Chapitos». Según las autoridades estadounidenses, el gobernador habría recibido financiamiento para su campaña y proporcionado protección e información privilegiada al grupo criminal a cambio de impunidad.
Este señalamiento es un espejo incómodo de lo sucedido con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos por cargos similares. Durante años, López Obrador sostuvo una narrativa implacable: era imposible que un presidente no supiera lo que hacía su subalterno más cercano en relación con el narcotráfico. Hoy, esa misma lógica se vuelve contra la autollamada Cuarta Transformación.
A pesar de que desde 2021 existían alertas de inteligencia sobre posibles nexos de Rocha con el crimen organizado, el gobierno federal optó por el «blindaje». Tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024, surgieron versiones que situaban a Rocha en una reunión con el capo el día de su detención. Ante esto, la respuesta oficial fue unánime: «No estás solo». Tanto AMLO como su sucesora, Claudia Sheinbaum, han mantenido una defensa férrea basada en la presunción de inocencia y la soberanía nacional.
El dilema es profundo. Mientras el Gobierno de México descalifica las acusaciones como «insidias» y «calumnias» dirigidas a desestabilizar el movimiento, el paralelismo con el caso García Luna es inevitable para la opinión pública. Si en el pasado la cercanía era prueba de complicidad, ¿por qué hoy la «lealtad inquebrantable» debería ser interpretada de forma distinta?
Hasta el momento, Rocha Moya niega los cargos y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones abiertas pero sin pruebas que consideren «irrefutables». No obstante, la presión internacional y el peso de una acusación formal en Nueva York colocan a la administración actual en una encrucijada: mantener el escudo de la amistad o ceder ante el escrutinio de la justicia externa para evitar que el legado de AMLO quede manchado por la misma mancha que él tanto criticó.
