Según un reportaje de Los Angeles Times publicado este 26 de abril de 2026, la administración de Donald Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida a funcionarios mexicanos con presuntos vínculos al crimen organizado. La ofensiva, anunciada por el embajador estadounidense Ronald Johnson en Sinaloa, comenzaría con la revocación de visas y podría escalar a acusaciones formales ante tribunales federales de Estados Unidos. Entre los casos destacados figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le retiró el visado en 2025, aunque él ha negado cualquier conexión con cárteles.
La estrategia se enmarca en las exigencias del T-MEC sobre la tipificación del soborno y la conducta de servidores públicos. Fuentes consultadas por el diario indican que la medida no se limitaría a sanciones simbólicas, sino que buscaría responsabilidad penal directa. Esto genera un escenario de tensión bilateral, pues revive el debate sobre la soberanía mexicana y la capacidad de Washington para actuar de manera unilateral.
Una postura defiende que Estados Unidos tiene derecho legítimo a proteger su territorio y a sus ciudadanos de los efectos del narcotráfico y la corrupción transnacional. La permeabilidad de instituciones mexicanas por parte de grupos criminales ha sido documentada en múltiples investigaciones, y la presión externa podría obligar a una depuración real de funcionarios implicados. Ejemplos pasados, como la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense, ilustran que Washington no descarta acciones directas cuando considera que la cooperación bilateral es insuficiente. Para esta visión, la campaña fortalecería la rendición de cuentas y disuadiría la impunidad.
En el otro extremo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum exige “pruebas, cargas y evidencias claras” antes de cualquier acción. Sheinbaum ha señalado que la lucha contra la corrupción corresponde primordialmente a las instituciones mexicanas, al igual que Estados Unidos debe atender sus propios casos internos. Recuerda episodios como el del general Salvador Cienfuegos, donde acusaciones estadounidenses no siempre se tradujeron en procesos sólidos en México. Críticos argumentan que estas iniciativas pueden usarse como herramienta de presión política o interferencia en asuntos internos, especialmente en un contexto de renegociación comercial y diferencias ideológicas. La soberanía nacional y el principio de no intervención emergen como ejes centrales de esta crítica.
El caso de Rocha Moya ilustra la polarización. Como aliado cercano del movimiento Morena, su situación alimenta especulaciones sobre un posible objetivo político, aunque el gobernador ha sobrevivido a diversos escándalos gracias a su trayectoria. La revocación de visas a otros funcionarios, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sugiere un patrón más amplio que afecta principalmente a figuras del partido gobernante.
Esta ofensiva plantea dilemas complejos. Por un lado, la corrupción que protege al crimen organizado erosiona la democracia mexicana y genera costos humanos y económicos graves en ambos países. Por otro, acciones unilaterales arriesgan tensiones diplomáticas y pueden ser percibidas como intervencionismo, debilitando la confianza necesaria para una cooperación efectiva. La historia bilateral muestra que la presión externa ha producido resultados en materia de seguridad, pero también ha generado resistencias y acusaciones de doble rasero.
En última instancia, el éxito o fracaso de esta campaña dependerá de la calidad de las evidencias presentadas y de la respuesta institucional mexicana. Si las acusaciones se sustentan en pruebas sólidas, podrían avanzar la responsabilidad de servidores públicos. Si carecen de ellas, reforzarían narrativas de injerencia y polarizarían aún más el debate público. El equilibrio entre soberanía y cooperación efectiva sigue siendo el nudo central de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y anticorrupción.
