En vísperas de la presentación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, programada para el 24 de febrero de 2026, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) emerge como actor decisivo en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que requiere mayoría calificada de dos tercios, propone reducir el número de diputados plurinominales, recortar el gasto electoral y endurecer el control sobre el financiamiento de campañas para eliminar recursos ilícitos. Sin el respaldo pleno del PVEM y el PT, su aprobación se complica seriamente.
Algunos legisladores del PVEM han endurecido su posición, exigiendo modificaciones sustanciales para respaldar el proyecto. El senador Luis Armando Melgar adelantó que su bancada votará en contra si no se respetan “líneas rojas”: preservar el esquema actual de representación proporcional y mantener presupuestos equitativos entre partidos. Esta estrategia de negociación eleva el precio de cada voto, en un contexto donde el PVEM ha fungido históricamente como socio flexible de diversas fuerzas.
El debate cobra mayor intensidad ante los vínculos documentados de ciertos integrantes de la bancada verde con el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Melgar, por ejemplo, laboró 25 años en Grupo Salinas antes de su paso legislativo. En el pasado, estos nexos dieron origen al término “telebancada”, aplicado a diputados del PVEM cercanos a intereses televisivos, como la exlegisladora Ninfa Salinas. Medios han descrito al partido como un “nido de simpatizantes” del magnate, lo que alimenta interpretaciones sobre motivaciones que trascienden el programa ecologista oficial.
Paralelamente, Salinas Pliego mantiene un litigio fiscal multimillonario con el SAT. Tras pagos parciales superiores a 10 mil millones de pesos en enero de 2026 y negociaciones por descuentos ante fallos de la Suprema Corte, persisten tensiones. Algunos analistas y columnas especulan que la resistencia del PVEM podría reflejar una respuesta indirecta a lo que el empresario ha calificado como “persecución política”. Otras voces descartan venganza personal y atribuyen la postura a legítimas diferencias programáticas.
Las posturas contrastan con nitidez. Para Morena y aliados, la reforma representa un avance hacia una democracia más austera y participativa: voto de migrantes fortalecido, consultas populares ampliadas y menor derroche en campañas. El PVEM, en cambio, argumenta que los recortes amenazan la pluralidad y la representación equilibrada de minorías. Sectores independientes critican que ambos bandos prioricen cálculos partidistas sobre la responsabilidad pública, y cuestionan si influencias empresariales distorsionan el debate legislativo.
Este pulso pone en evidencia los límites de la coalición oficialista y revive viejos cuestionamientos sobre la opacidad en las alianzas. ¿Responden los votos a la ciudadanía o a agendas privadas? La respuesta definirá no solo el destino de la reforma, sino la credibilidad del proceso legislativo en su conjunto. Mientras las comisiones preparan el dictamen, la sociedad observa si prevalecerá el interés general o si intereses particulares logran descarrilar un cambio constitucional de hondo calado.
