La violencia sexual es una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas, mas extendida y tolerada familiar y socialmente, lo que se refleja en las estadísticas oficiales, pues tan solo durante el primer semestre del año se han abierto 10 mil 458 carpetas de investigación por el delito de violación, lo que significa un incremento del 32.6 por ciento con relación al mismo periodo de 2020, que se registraron 7 mil 885 casos por este flagelo.
De enero a junio, las ocho entidades que concentraron el mayor número de casos de son: Estado de México, con mil 326; la Ciudad de México, con mil 111; Nuevo León, con 663; Chihuahua, con 662; Puebla, con 477; Baja California, con 446; Guanajuato, con 436 y Quintana Roo, con 401 casos, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Evidencia de la tolerancia familiar y social que prevalece sobre la violencia sexual es el caso de Ingrid Rocío, quien desde que tenía siete años de edad fue víctima de violaciones reiteradas por parte de su padrastro, Felipe Fernando N, bajo la amenaza de matar a su madre en caso de que lo denunciara.
Fue a través de las redes sociales que la adolescente, de 17 años, se atrevió a denunciar la violencia sexual de que fue víctima durante una década. Narró que en diversas ocasiones le dijo a su madre que su padrastro la manoseaba y obligaba a tener relaciones, pero nunca le creyó, siempre la responsabilizó a ella; sus respuestas eran que estaba loca, que era ella quien lo provocaba y no se daba a respetar con él. Ingrid, señaló que no era así, que simplemente ella tenía miedo, como cualquier niña.
Cuando hizo pública su historia, su madre le pidió que no denunciara a su padrastro, pues apeló a que es el padre de sus hermanos y le recomendó: “olvida y supéralo”.
El secreto juega un papel fundamental en el ocultamiento de estos hechos, la vergüenza y el miedo, hace que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en silencio. Casos como éste es lo que ha contribuido a que nuestro país ocupe el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE).
En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019, arrojan que a lo largo del territorio nacional una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es víctima de violación antes de cumplir la mayoría de edad.
La violencia sexual contra menores de edad se ha agravado durante el auto confinamiento generado por la pandemia sanitaria, según información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el 60 por ciento de la violencia sexual a niñas y niños, de entre 6 y 12 años, ha ocurrido en el hogar con familiares o personas de confianza.
Se estima que de mil casos de violencia sexual, sólo se denuncian ante las autoridades de procuración de justicia unos 100, de esos, sólo 10 llegan ante un juez de control y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento.
Es imperante que tengan acceso a la justicia aquellas niñas, niños y adolescentes que se han atrevido a romper el silencio, y para ello se deben instrumentar protocolos de investigación para que en todas las carpetas por violencia sexual se aplique la perspectiva de género y un enfoque diferenciado, porque de esa manera se podrá incrementar el número de carpetas consignadas ante un juez, y a su vez las sentencias correspondientes.
No debemos olvidar que consecuencia de la desigualdad y discriminación de género, es que a lo largo de sus vidas, las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones.
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