El pasado jueves 7 llegó a Camargo, Chihuahua, el cuerpo del capitán Luis Alonso Lara Corral; piloto del helicóptero Cougar que fue derribado por un lanzacohetes ruso RPG-27, que con gran precisión fue lanzado por un grupo de criminales. Los militares tienen la orden de no disparar hasta después de que les disparen. Sedena ha informado que fallecieron 8 militares (otros integrantes de la Policía Federal están en el hospital). Para las familias de cada uno de ellos mi solidaridad y mi agradecimiento.
La violencia en México nos sigue asombrando. El 1 de mayo, en Jalisco, se dio una demostración de fuerza y de crimen organizado (realmente organizado) a la luz del día. Dio la impresión de que el Estado no parecía estar preparado —supongo que lo está o lo debería estar. La percepción es que no había cómo contestar ante la violencia organizada de los criminales. Los ciudadanos se dieron cuenta que un grupo puede tener en sus manos la vida de quienes en paz van a trabajar o caminan por las calles.
La violencia que vimos en Jalisco no tiene comparación. El desplante de violencia de este grupo criminal, dice Guillermo Valdés (en su columna), es en realidad un acto que lo llevará a su destrucción, ya que retó al Estado mexicano. Podríamos hablar contra la autoridad, sin embargo dos cosas no hay que olvidar: el reconocimiento a quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber y la condena a la violencia de un grupo criminal que no puede dejarse a un lado.
La condena a la violencia se tiene que mantener, independientemente de las críticas al gobierno de Jalisco, que pueden ser muchas en esa materia. Pero hay que condenarla. Son inadmisibles los actos que se grabaron en videos donde se ve cómo queman sucursales de bancos y camiones, frente a los ciudadanos; o el impactante video de una cámara de seguridad de un microbús en el que bajan a los civiles que estaban utilizándolo para posteriormente prenderle fuego. Todo esto es absolutamente condenable y no puede no tener consecuencia ciudadana. El sábado 9 de mayo, en Guadalajara, se convocó a una marcha de ciudadanos. La respuesta no fue muy grande, pero al menos es una expresión legal y pacífica de quienes se sienten amenazados por la violencia.
El Estado con todo su poder, tendrá que hacer su parte. Pero la sociedad también debe responder porque se atenta la vida en comunidad. En las marchas, suele pedirse que no vayan los políticos. Mi opinión es que vayan, que se comprometan, que vean que el tema de seguridad no es para taparlo, ni para negociar, que no tiene que ver con bandas, sino con la vida diaria.
Los criminales atentan contra el Estado y contra la sociedad. Lo vimos en redes sociales: bajaron a la gente de un microbús para quemarlo, le quitaron a una señora la camioneta que manejaba para quemarla. No libero la responsabilidad de las autoridades, pero para eso podemos utilizar vías que tienen que ver con el voto, con la denuncia o con los partidos de oposición. Más allá de la parte política en la que actuemos, debemos condenar la violencia. La condena debe ser unánime, para que los hijos sepan que eso es atentar contra todos y que es inaceptable. Que la sociedad rechace es una manifestación que sirve para que no haya niños que sueñen con ser sicarios.
Claro que hay miedo después de esos actos; el miedo es algo natural frente a cualquier amenaza y, particularmente, ante la violencia. El miedo que más me duele es el miedo que nos anula cualquier acción.
Por cierto que estos temas de inseguridad no son temas que nos gusten, pero es mejor enfrentarlos, estudiarlos, analizarlos, reclamarlos en lugar de esconderlos y hacer como si no pasara nada.
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