Justicia cotidiana

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Se nos ha enseñado que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Es de las definiciones más cortas que uno aprende y de las más difíciles de practicar o de encontrar. La justicia es una aspiración humana y no por ello es inalcanzable para una nación. Llegar a términos aceptables de impartición de justicia debe ser uno de los retos como país.

El pasado 27 de abril de 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregó al Ejecutivo federal el Informe de Resultados de los Foros de Justicia Cotidiana. El documento es resultado de foros de consulta realizados a petición del Presidente de la República, quien prometió el 27 de noviembre de 2014 impulsar “una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana”. La conclusión del documento presentado es que en México la justicia es lejana, costosa, inaccesible, es decir, es un país injusto.

En los foros de consulta se recabaron 217 propuestas. La institución las sistematizó en 20 recomendaciones de las cuales, 14 se dirigen al Ejecutivo federal, a los ejecutivos estatales y a otras instancias; las 6 restantes son propuestas de temas que requerirán un debate más amplio para definir cursos de acción en el futuro. Asimismo, se plasman en el informe siete retos para mejorar el desempeño del Poder Judicial.

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Un ejemplo de las 20 recomendaciones es la de impulsar una cultura de derecho. La recomendación parte del diagnóstico de que la población no tiene conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. La propuesta está en generar una estrategia de comunicación que permita a la sociedad familiarizarse con sus derechos y obligaciones. Se trata de generar una política pública de acceso a la justicia. Quizás una de las razones de las causas de la corrupción está precisamente en este desconocimiento.

Un gobernado que no sabe qué derechos tiene, qué papeles debe tener a la mano, qué es lo que prueba su propiedad, qué puede firmar o no firmar, a quién acudir en caso de duda, es una persona que es más vulnerable a la corrupción y al abuso de la autoridad o de otras personas.

Podemos preguntarles a las mamás cuántas copias del acta de nacimiento tienen que tener de los hijos o cuántas desearían tener. Las piden para todo y en algunos lugares exigen que sea reciente, como si se tratara de una identificación con fotografía. ¿Cuántas veces piden acta constitutiva de un negocio para cualquier trámite?

Cuántas veces hemos conocido casos de la señora mayor que no entiende por qué la sacan de su propiedad, y es que algún vival —muchas veces de su familia— se quedó con la propiedad porque inició un juicio del que nunca se enteró. Sabemos de casos en los que un papá firmó un poder amplio de dominio y le fueron vendiendo su propiedad o se quedaron con su pequeño negocio.

La mujer que dice “me voy a divorciar” y no sabe que apenas empieza el drama y la toman totalmente desprevenida y el esposo ya se cambió de trabajo o se bajó el sueldo o cambió la escritura a su nombre. O la mamá que un día se quedó esperando a su hijo que el padre no le devolvió después de las vacaciones y pasan años… Podemos seguir dando ejemplos.

Ahora que se empieza a materializar el sistema de justicia a raíz de las reformas de 2008, deberíamos circular un poco más ese trabajo. La Secretaría de Gobernación podría coordinar a comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, a organizaciones sociales y universidades que han trabajado en estos temas y generar esa política pública de cultura del derecho. Deseo que no haya sido sólo un evento consecuencia de otro evento, lo que es tan común en nuestro país.


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