El día de ayer la Cámara de Senadores discutió la reforma política del Distrito Federal, la cual, entre otras cosas, dotará de autonomía jurídica a la capital del país y le dará el carácter de entidad. Esto implica que, de aprobarse, la Ciudad de México contará con su propia Constitución y las que hasta hoy son delegaciones contarán con patrimonio propio para transformarse en alcaldías.
La delicada discusión, que ya lleva varios meses, merece toda nuestra atención, sobre todo la de los ciudadanos que vivimos en el Distrito Federal, pues nos enfrentamos a un escenario en el que la posibilidad de constituir una nueva entidad puede resultar en un intento fallido de concentración y centralización de poder en una sola figura, inexistencia de transparencia o rendición de cuentas y un debilitamiento en las facultades de las delegaciones.
Desde 1997, año en el que el Jefe de Gobierno de la Ciudad se constituyó como una figura oficial, el Distrito Federal no ha experimentado cambio alguno en su funcionamiento político o administrativo. Esto ha originado numerosos problemas de servicios de transporte público, educación, salud, económicos, entre otros, que se engrandecen ante la ambigüedad constitucional de las responsabilidades de las autoridades y la falta de un plan de gobierno claro.
Es un hecho que el Distrito Federal padece de una concentración de facultades que recaen en la Jefatura de Gobierno, es un hecho también que esta centralización de facultades ha restado la capacidad a las delegaciones para resolver las demandas inmediatas a los capitalinos. La falta de atención y de margen de acción en el Distrito Federal ha generado un efecto de ‘bola de nieve’ que ha aumentado y profundizado los problemas más básicos de los capitalinos.
Es por ello que el proceso de redactar una constitución debe hacerse con tiempo y cuidado para evitar caer en tentaciones autoritarias que resulten en abusos de poder, o en un gobernante con facultades excesivas; también será necesario permanecer cuidadosos ante el conjunto de leyes que le brindarán autonomía a las delegaciones y asegurar que cuenten con mecanismos de transparencia; y finalmente impedir que este nuevo documento esté compuesto sólo de cambios estéticos y buenas intenciones que no mejoren el funcionamiento del gobierno.
Para ello se necesita del consenso de todas las fuerzas políticas, proceso que llevará tiempo, pero que debe ser necesario para dar paso a un verdadero cambio en la forma de hacer política dentro del Distrito Federal. Y es que una reforma de este calado debe ser clara en las facultades del jefe de Gobierno, fortalecimiento de la asamblea y en las responsabilidades en materia educativa y de salud del gobierno local.
Dado que esta reforma entraría en vigencia hasta el año 2018 su análisis y discusión se debe hacer a consciencia, pues es en las manos del poder legislativo en donde se encuentra la posibilidad de abrir una nueva realidad al Distrito Federal, una realidad más democrática, incluyente y ciudadana, con un régimen menos centralista, y sobre todo transparente, que signifique un retroceso político para la capital. El proceso debe tomar el tiempo que construir un nuevo estado implica.
A pesar de que una Constitución nueva no garantiza cambiar la situación por la que atraviesa el Distrito Federal de la noche a la mañana, sí puede garantizar un nuevo punto de partida con leyes modernas, eficientes y diseñadas para resolver las necesidades básicas de la ciudad y sus habitantes y dejar de ser una ciudad al servicio de sus gobernantes. Esta es la oportunidad que la Ciudad de México necesitaba para salir adelante con su propio presupuesto, pero también con los correctos contrapesos; es la oportunidad para que con voluntad política el Distrito Federal deje atrás la corrupción y letargo y asuma su propia identidad.
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