¿Usted confía?

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En este país se detiene a delincuentes de poca monta, porque a los grandotes no se les toca ni con el pétalo de una rosa

El doctor René A. Jiménez Ornelas, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su estudio La cifra negra de la delincuencia en México, expresa que para combatir la inseguridad pública en el país, es necesario: “Revertir la franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública, así como abatir la creciente presencia del crimen organizado en las diferentes esferas del poder y de la delincuencia”. Y estoy de acuerdo con el maestro. Es verdaderamente vergonzoso como la corrupción y la impunidad campean en las instancias encargadas precisamente de combatirlas, por eso no hay confianza de la población en las autoridades. Ni a cual irle de personajazos sinvergüenzas, que utilizan el cargo para toda suerte de raterías, que jamás son sancionadas. En este país se detiene a delincuentes de poca monta, porque a los grandotes no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Aquí en Coahuila tenemos ejemplos para dar y prestar. Con dinero y con poder se compra todo, solo son culpables quienes no los tienen.

El artículo 21 constitucional prescribe que: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y también le otorga el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Y el 102 del mismo ordenamiento jurídico establece que: “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”. En palabras llanas, al Ministerio Público le toca perseguir a los delincuentes y darle al juez las pruebas que conlleven a determinar su responsabilidad en el ilícito que se le impute. A partir de la reforma, el Fiscal General ya no será nombrado por el Presidente de la República, ni la dependencia a su cargo tendrá la representación formal del Estado, que pasa a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República. Al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía, se busca que sus funciones se ejerzan de manera más eficiente, toda vez que ya no habrá subordinación a otro poder u órgano. Se pretende robustecer el papel del Ministerio Público como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal. Se aspira a que se le visualice como un agente que cumple con una función social relevante, como es la de brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y, en general, hacer cumplir la ley. La Fiscalía tendrá una función sustantiva en el sistema penal acusatorio con el que se impartirá justicia a partir del 2016 de manera generalizada; es uno de sus dos grandes brazos, el otro es la Defensoría. Déjeme compartirle que me preocupa: Que no vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque la evolución a un nuevo sistema implica un CAMBIO CULTURAL de todos los que intervienen. La corrupción no es ajena a la PGR. En Chile, los carabineros – policías militarizados -, auxiliares del Ministerio Público en tareas de investigación, son los servidores públicos mejor evaluados, respetados y estimados por la población, su presencia les da tranquilidad y confianza. Es este concepto de CONFIANZA, el que yo me pregunto si podrá generarse en nuestro país. Le comparto también que los carabineros tienen estabilidad laboral – solo se van por actos de corrupción – y muy buena paga.

También me preocupa el poder enorme que tendrá el Fiscal General, verbi gratia, para hacer nombramientos de funcionarios que no pertenezcan al servicio profesional de carrera. Tiene tanto poder y tantos años para ejercerlo. Nomás 9 años, transexenal. En España y Colombia solo 4. En México sabemos lo que la larga estadía en el cargo provoca. Tampoco me gusta la forma en que se le designa, el fondo es el mismo, CONTROL de los poderes constituidos.

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Y le adelanto, este lunes 15 se tiene prevista la discusión de una minuta del Senado de la República en la Cámara de Diputados, en la que se están proponiendo reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, que apenas aprobamos, para hacerle adecuaciones tan aberrantes como la que el desahogo de pruebas en la audiencia inicial, sea ante el Ministerio Público y no ante el Juez. Vuelta al régimen inquisitorial. ¿De qué se trata?


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